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Fallas de la “nueva normalidad” como política pública y su impacto en los contagios

Por: Ricardo Landero* 11 Ago 2020
Fallas de la “nueva normalidad” como política pública y su impacto en los contagios
Hay muchísimas empresas que cuentan con su autorización del IMSS y de los gobiernos locales, las pegan en sus ventanas, pero no están cumpliendo con tener el protocolo completo y ejecutarlo.

Cuando las autoridades sanitarias de México establecieron el proyecto del regreso a la nueva normalidad, al terminar la Jornada de Sana Distancia por la Covid-19, mediante la publicación de decretos en el Diario Oficial de la Federación el 14 y el 15 de mayo del 2020, así como los Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral (publicados el 16 de mayo de 2020 en el sitio de la Secretaría de Salud), se estableció con mucha claridad la ruta a seguir para el regreso laboral, con una serie de medidas concretas y puntuales que debían seguirse en todos los centros de trabajo y actividades productivas. Estas medidas fueron ratificadas y perfeccionadas en la publicación oficial de los lineamientos el 29 de mayo de 2020.

Si se comparan los lineamientos mexicanos con el documento “Consideraciones relativas a las medidas de salud pública y sociales en el lugar de trabajo en el contexto de la Covid-19”, publicados el 10 de mayo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se puede verificar que los emitidos por las autoridades sanitarias en México son idénticos, es decir, son las mejores acciones que han establecido los expertos del mundo para tratar de reactivar las actividades económicas productivas y contener la pandemia. Incluso, comparándolos con los lineamientos de Estados Unidos y España, encontramos que siguen la misma línea de acción paso a paso. Nuestros lineamientos están en la línea de los mejores lineamientos.

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Pero como toda política pública, ésta debemos analizarla en sus tres etapas, en la planeación, la ejecución y la evaluación, para tener un panorama completo del proceso que se ha seguido.

Un elemento que resaltamos en principio es el aspecto de coercitividad de las normas, mientras en los lineamientos del 14 y 15 de mayo se establecía que era obligatorio que los centros de trabajo subieran el Protocolo de Seguridad Sanitaria junto a la solicitud para conseguir la autorización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la reapertura, en la publicación del 29 de mayo se eliminó esta hipótesis, estableciendo que la autorización se daría de inmediato con sólo solicitarlo, a pesar de ser obligatorio tenerlo. Lo anterior por presión de las cámaras empresariales que solicitaron mayor flexibilidad y que no existieran trabas para la reapertura. 

Sin embargo, este pequeño cambio en la obligatoriedad de los empresarios para cumplir con el Protocolo de Seguridad Sanitaria, ha sido el detonante de la segunda ola de contagio, pues en la práctica hemos visto que la mayoría de los establecimientos no está cumpliendo con el objetivo y las indicaciones que se establecieron para la reapertura. Casi todos se concentraron en medir temperatura, poner gel en la entrada y una pequeñas marcas en el piso para la distancia, pero se apartaron de lo más importante de este modelo de prevención de la pandemia: la información, la capacitación y la conformación de un entorno saludable para toda la comunidad laboral.

No basta con proporcionar cubrebocas a los empleados o recogerles el cabello, sino que hay una serie de medidas que implican generar planes de acción en diversas circunstancias del entorno laboral. Hay muchísimas empresas que cuentan con su autorización del IMSS y de los gobiernos locales, las pegan en sus ventanas, pero no están cumpliendo con tener el protocolo completo y ejecutarlo.

No se consideró que para la aplicación de esta política pública la naturaleza de los actores, las circunstancias económicas y la historia de incumplimiento de la ley en nuestro país serían un factor que modificaría el resultado, pues ante la economía del cierre, las empresas no invirtieron en materiales de difusión de la información, en equipar sus centros de trabajo, en generar campañas y medios de concientización.

También, al no verse obligadas a subir el protocolo para la autorización del IMSS, e incluso que muchas empresas no lo necesitaran, la mayoría no lo hicieron (como ha pasado con muchas disposiciones legales en nuestro país, pues venimos de un histórico régimen de corrupción en donde el lema era publíquese pero no se cumpla o mi compadre te ayuda a cumplirlos). Tampoco se cuenta con los elementos materiales y económicos de supervisión por parte de las autoridades.

Para que una política pública haga conciencia de sus actos, mediante educación y conocimiento, se necesita tiempo, pero en una pandemia ese era el elemento que menos se tenía, no había tiempo para educar a los dueños de los centros de trabajo y generar conciencia. Fue un error no haber convertido en obligatoria la elaboración del protocolo y exhibirlo para conseguir la autorización del IMSS.

El contagio está creciendo y las cámaras empresariales serán víctimas y verdugos de sus propias decisiones, pues una pandemia prolongada, una segunda ola, sólo repercutirá en más deterioro económico y freno en la reactivación productiva. Se debe corregir volviendo obligatorio subir el Protocolo de Seguridad Sanitaria a la página de la nueva normalidad del gobierno federal; hacer campañas entre empleadores y trabajadores de que éste es un proyecto colectivo, que es la única manera de lograr una verdadera reactivación económica para una pandemia que durará más de seis meses… o años. Al tiempo.

*El autor es Maestro en Derecho por la UNAM (@riclandero)

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