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Reclutadores estafan a miles de migrantes que quieren trabajar en Estados Unidos

Reclutadores estafan a miles de migrantes que quieren trabajar en Estados Unidos

¿Pagarle a un “pollero” para cruzar la frontera de manera indocumentada o a un reclutador para pasar con papeles y con empleo seguro? La segunda opción podría ser la más atinada, si no hubiera estafadores. Intermediarios fraudulentos han robado 60 millones de pesos a casi 6.000 migrantes desde 2005. Les prometen un trabajo temporal a cambio de una cuota, pero esos empleos no existen.
 


Cuatro veces defraudada. A veces ni ella misma puede creerlo. Pero es que “esa gente te envuelve, es hábil, y las autoridades la dejan actuar”, se defiende Adareli Ponce. Desde hace más de 15 años va y viene de Estados Unidos con una visa de empleo temporal. A pesar de esa experiencia, no se ha salvado de las estafas.

El Centro de los Derechos del Migrante (CDM) ha documentado que desde 2005 al menos 6.497 solicitantes de empleo cayeron en un fraude de reclutadores que ofrecen trabajos inexistentes. En promedio, cada uno pagó les 9.300 pesos. 

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En el informe Trabajos falsos a la venta esa organización trasnacional afirma que los engaños han ocurrido en por lo menos 27 de las 32 entidades del país. Guanajuato, Zacatecas e Hidalgo es donde más casos les han sido reportados.

La responsabilidad de impedir estos abusos corresponde a los gobiernos de Estados Unidos y México, pero también a las empresas, explica Ben Botts, director Jurídico del CDM, en entrevista con Factor Capital Humano.

Así funciona el sistema de empleo temporal

Cada año el gobierno de Estados Unidos otorga cientos de miles de visas de empleo temporal H2. Existen dos tipos: la visa H2A es exclusivamente para trabajos agrícolas como siembra y cosecha de plantíos y la H2B es para todos los demás tipos de trabajo como jardinería, construcción y servicios de limpieza.

A diferencia de la visa para trabajar en el campo, el número de visas H2B que se expide está limitado (66.00 trabajadores por año), según información de la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, cada periodo el Departamento del Trabajo aprueba 15 mil visas adicionales, informa Ben Botts. 

La embajada estadounidense explica que el trámite para obtener la visa se inicia en Estados Unidos, cuando un empresario solicita a un empleado migrante, “comprobando que no encuentra a los trabajadores que necesita”. El Departamento del Trabajo en aquel país debe aprobar esa solicitud. 

Una vez admitida la petición, la empresa “realiza todo el papeleo en EUA y el solicitante solo acude al Consulado como último paso a tramitar su visa una vez que el patrón le envíe estos documentos”. Sin embargo, algunos patrones acuden a reclutadores mexicanos para contratar a sus trabajadores, reconoce. 

“Yo me quedaré”

Adareli Ponce es originaria de Chapulhuacán, Hidalgo. Ese municipio es uno de los tres más pobres en aquella entidad, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En Xochiatipan 91 por ciento de su población vive en pobreza; en Nicolás Flores, 84 por ciento. Y en la localidad de Adarely casi 80 por ciento. 

“Para los vecinos del pueblo es normal buscar trabajo del otro lado”, comenta la mujer de 37 años, quien de adolescente se resistió a seguir ese camino. “Yo me quedaré aquí. Van a ver que encontraré un trabajo y saldré adelante”, les aseguraba a sus compañeros de la preparatoria. 

Un par de años después estaba empacando chocolates en una fábrica en Louisiana. Tras varias temporadas en ese empleo, quiso cambiar de empresa. “Trabajábamos más de 10 horas diarias, era muy pesado. Además, nos maltrataban y nos discriminaban”. 

Un día, luego de volver de la última temporada en Louisiana, vio un anuncio pegado en una casa de Chapulhuacán. “Se solicitan hombres y mujeres para empacadora de manzanas en Estados Unidos”, decía. El reclutador le pidió 2.000 pesos para comenzar la gestión de documentos. 

Industria de reclutamiento abusiva

El intermediario que le había conseguidos los contratos con la chocolatería nunca le había cobrado, pero sabía que muchos lo hacían, así que confió. En total pagó 6.000 pesos, pero “la oferta de trabajo nunca llegó”. Denunció a ese hombre ante el Ministerio Público local. Lo único que pasó fue que ese hombre la amenazó con hacerle daño. 

Aunque se trata de un programa legal, “ha surgido una industria de reclutamiento que constantemente abusa de los migrantes”, reprocha Lilián López Gracián, asesora legal del CDM y la principal autora del informe. Las cuotas para conseguirles trabajo van de los 250 a los 75.000 pesos, señala. 

De 2005 a la fecha, las casi 6.500 víctimas perdieron “la impresionante cantidad de 60 millones de pesos”. El desfalco puede ser a una sola persona o a cientos, y por el mismo reclutador, alerta. Tomando en cuenta que el promedio del desfalco es de 9.300 pesos, pagaron el equivalente a casi cuatro meses de salario mínimo. 

Modus operandi

Los reclutadores “te pintan un panorama bonito, con un buen sueldo, seguridad”, cuenta Adareli Ponce. Luego, piden dinero para iniciar trámites, pagar servicios médicos o seguros. Algunos visitan las comunidades y convocan reuniones para ofrecerles el supuesto empleo a todos. 

Es común que citen a los solicitantes de empleo en entidades distintas a los estados donde viven. “En el tercer fraude me hicieron eso”, recuerda la hidalguense. Cuando aceptó trasladarse a Monterrey, Nuevo León, pensaba “no me la pueden volver a hacer”. Pero volvió a caer. 

El reclutador “parecía decente, con conocimiento de la industria, de las leyes”. La oferta era para trabajo del hogar en Las Vegas. Ella, y decenas de mujeres, llegaron a Monterrey y se hospedaron en el hotel que les indicaron. Tuvieron una reunión en la que dos reclutadores les dieron más informes y luego no los volvieron a ver.

Una vez que han recolectado las cuotas, “desaparecen y dejan de responder cualquier comunicación”, advierte el informe Trabajos falsos a la venta. Para cubrirse, “usan nombres falsos y huyen a otras partes del país”, detalla.

Nadie responde

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) debería tener un registro de las agencias de reclutamiento y encargarse de la inspección a esas empresas, en caso de que los trabajadores denuncien alguna irregularidad, comenta Lilián López Gracián. Pero eso no pasa, lamenta. 

Del otro lado de la frontera, los funcionarios del Departamento del Trabajo “dicen que esto ocurre en México y está, entonces, bajo las leyes mexicanas. Que si al final de esa cadena no hay un contratante en Estados Unidos, es más bien un problema de la corrupción de México”, indica Ben Botts, el director jurídico del Centro de los Derechos del Migrante (CDM). 

En ambos países ninguna autoridad se responsabiliza y tampoco los empleadores en Estados Unidos, dice López Gracián. “No ven de su incumbencia que quienes les suministran de mano de obra cobren cuotas, aunque saben que eso es ilegal”. 

Hasta la fecha de publicación de este nota, la STPS aún no había atendido la solicitud de entrevista a Factor Capital Humano al respecto. La dependencia sí indicó que ha llevado a cabo varias campañas para alertar a los migrantes.

¿Cómo no caer en la trampa?

El Servicio Nacional de Empleo, a través del Mecanismo de Movilidad Laboral con Estados Unidos, ofrece apoyo para el reclutamiento en los sectores agrícola, construcción, silvicultura e industria. Acercarse a ese organismo podría ser una opción para conseguir un trabajo temporal y seguro en Estados Unidos.

La Embajada de Estados Unidos recomienda preguntar al reclutador dónde se realizará el trabajo, número de petición, fecha de vigencia de la petición, tipo de trabajo, sueldo, sobre el hospedaje y transportación.

No hay forma de saber si los reclutadores en realidad se dedican a conseguir trabajo o a estafar, apunta Lilián López. Es posible verificar si la empresa contratante existe, agrega. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tiene una base de datos las que están certificadas para emplear migrantes.

Pero ese listado no está al día y el DHS lo presenta en inglés. Por ello el CDM ha pedido a ese departamento actualizar la información en español, especificar cuántas plazas hay en cada empresa y colocar esos datos en un lugar visible de la página de internet. 

La organización también exige que la STPS lleve un registro con los nombres de los agentes intermediarios y datos de los empleadores en Estados Unidos. Además, pide que inspeccione de manera exhaustiva las empresas de reclutamiento y defina claramente en qué consisten las cuotas ilegales. 
 

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