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El estigma del exburócrata cobra facturas: 90% es rechazado en la IP

El estigma del exburócrata cobra facturas: 90% es rechazado en la IP
El mundo laboral al que se están enfrentando más 11,000 exdirectivos del gobierno es otro al que dejaron. Trabajar por objetivos y no gastar por gastar es algo que tendrán que aprender.

El 90% de los exfuncionarios del gobierno que busca empleo en la Iniciativa Privada es rechazado, según especialistas en Recursos Humanos. Las principales razones: están mal evaluados, cargan un estigma de ineficiencia, no saben trabajar por objetivos y tienen malas prácticas de administración del presupuesto.

En los últimos meses, de los 1,100 candidatos que promociona mensualmente la compañía Red Ring al mes, 500 provienen de alguna secretaría o instituto público. De ese medio millar de exfuncionarios, 450 no consiguen la vacante, de acuerdo con Arleth Leal Metlich, director asociado de esa firma de recursos humanos.

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Están mal evaluados, desafortunadamente ha sido el común denominador. Incluso ahora que hay más gente del sector gubernamental buscando un empleo, hay un estigma de que no cumplió con su labor porque no son eficientes. Se tiene la percepción de que atienden mal, que no son competitivos”, explica en entrevista.

De diciembre de 2018 a julio de este año, el gobierno federal ha prescindido de más de 11,000 altos ejecutivos, de acuerdo con la empresa de gestión de talento ID Hunt. Ante tanta oferta, las organizaciones privadas han reducido los salarios para ese nivel entre 10 y 20%, indica Adriana Martínez Guerrero, directora general de esa compañía.

El despacho Trusan & Roma ha recibido 7,000 casos de funcionarios a quienes les ha tramitado amparos. De ellos, 3,000 son por despido y, particularmente, a 1,500 que habían entrado a trabajar por el Servicio Profesional de Carrera.

Los otros 4,000 litigios corresponden a quienes la 4T les redujo el salario, informa Rodolfo Martínez, socio de esa firma. El 90% de estos funcionarios ha obtenido una suspensión definitiva, por lo que les tendrán que mantener el monto de lo que ganaban.

La IP, otro mundo

Arleth Leal, de Red Ring, señala que en muchos casos las prestaciones que tenían en el gobierno son menores en las empresas. Algunos de esos beneficios no los volverán a tener, indica Bibiana Ávila, directora general de Recursos Humanos de Great People, empresa de colocación de talento. “Por ejemplo, quienes trabajaban en Pemex”, precisa.

El rechazo de la industria privada a quienes provienen del gobierno es para todos los niveles de puesto. Si bien es más para los administrativos, en general muy pocos resultan ser candidatos atractivos. “Sobre todo, porque buscan que se cumpla con un rol de trabajo, el nivel de presión por alcanzar metas y cumplir horarios”, dice Arleth Leal.

A pesar de que las empresas tienen temor de contratar extrabajadores del gobierno, “nosotros siempre tratamos de incluir personas midiendo su talento y que cumplan con el perfil. Pero 90% de los casos son rechazados cuando vienen de gobierno, sobre todo si la experiencia es reciente”, apunta la directiva.

En puestos operativos es poco común que ocurra un rechazo, es más frecuente en niveles directivos, considera Mauricio Sánchez, director de Grupo Human, consultoría en investigación en Recursos Humanos.

Algunas deficiencias detectadas es que los postulantes no sabían incrementar ventas ni reducir gastos, sólo sabían administrar el dinero sin importar resultados. “Y lo que fue peor: les daban instrucciones de gastar todo el presupuesto, se necesitara o no, para que no se los recortaran el siguiente año”, comenta el especialista.

Eso no es bien visto en la Iniciativa Privada, destaca Sánchez. “Es importante tomar en cuenta las buenas prácticas para emplearse, trabajar y actuar como si ellos fueran los dueños”.

No hay lugar para todos

Carmen García Gómez ocupa la gerencia de Vinculación Dirección de Desarrollo Comercial y Relaciones Institucionales en una empresa global. Antes aplicó por vacantes en cuatro compañías sin una respuesta positiva. “No les gustaba mi procedencia (de la Secretaría de Economía). Trabajar en gobierno parece un estigma”, lamenta.

Para Miriam, otrora directora general adjunta de Evaluación de la Secretaría de la Función Pública (SFP), lo de menos, quizá, sean los salarios. “En la iniciativa privada no tengo mucho que hacer. El perfil de lo que hacía es muy específico de la administración pública”, dice. Entró a trabajar a esa dependencia hace 16 años, mediante el Servicio Profesional de Carrera.

Miriam ha pedido ocultar su verdadero nombre, El Economista ha confirmado su identidad y el cargo que ostentaba. Su recelo se debe a que actualmente está en un litigio contra la SFP, pues la liquidación que le pretenden pagar es sólo por dos años de trabajo.

Como directora general, coordinaba varias tareas, entre ellas, la evaluación de 285 instituciones públicas. Con su equipo, desarrolló una metodología para saber cuáles tenían mejor desempeño y cuáles peor.

De hecho, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tenían un proyecto de eliminar o fusionar varias áreas de diferentes dependencias. “Por ejemplo, Correos de México es una institución que no tiene razón de ser porque no es competitiva”, comenta.

La incertidumbre de los que se quedan

Sebastián es otro funcionario que salió en esta administración. También él prefiere resguardar sus datos reales para evitar obstáculos en su nueva fuente de empleo. De igual manera, El Economista ha confirmado su identidad. Era director de área en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). A él sí le respetaron su antigüedad de cuatro años en el monto de liquidación.

En su opinión, es normal que en un cambio de gobierno salgan y entren nuevos funcionarios. Sin embargo, esta depuración ha sido de mayores proporciones, señala. Coincide con Miriam en que esto ha provocado la pérdida de mucho talento y experiencia, lo cual redunda en el servicio que se está dando a la población.

Cada inicio de sexenio suele haber despidos por el reacomodo de los nuevos gobiernos. Ante eso, las empresas “son cautelosas para contratar” a directivos, comenta Adriana Martínez, directora de ID Hunt. Pero ahora se conjugan otros dos elementos: una oferta “muy alta de talento” del sector público y el poco gasto de la administración federal.

Cuando él fue despedido el proceso fue “terso”. Las autoridades respetaron sus derechos y su dignidad. Miriam cuenta otra historia, una de incertidumbre por ver “caer” a varios compañeros. Un director, quien estaba bajo sus órdenes, un día de enero pasado llegó a la SFP y los policías no lo dejaron pasar, ellos le informaron que ya no trabajaba ahí.

Y esa incertidumbre es también para quienes se quedan, comenta Jorge. “No saber qué funciones van a desempeñar ahora, sentir que ahora sigues tú, da una percepción de inseguridad muy alta”.

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