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Traban la “puerta giratoria”, complican paso de burócratas a IP

Traban la “puerta giratoria”, complican paso de burócratas a IP
Con la Ley Federal de Austeridad Republicana estará prohibido que un servidor público de alto nivel se emplee en una empresa privada afín a su cargo en un periodo de 10 años.

México se convertirá en el país con los candados más estrictos en el mundo para que los funcionarios puedan pasar a ocupar una posición estratégica en el sector privado después de dejar su cargo público.

El Senado de la República aprobó cerrar por más tiempo la “puerta giratoria” a los funcionarios de la Administración Pública Federal. Esto significa que no podrán emplearse en la iniciativa privada y viceversa, por lo menos por un largo período.

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El artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana – aprobada este martes por la madrugada – establece que los servidores públicos de mando superior: secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores o equivalentes, jefes de unidad y directores generales no podrán ocupar puestos en empresas que “hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público”, salvo que transcurran 10 años.

En un principio, el dictamen de la ley consideraba 5 años y no detallaba a qué niveles jerárquicos aplicaría. Sin embargo, con unas reservas al artículo, éste se definió con precisión y se incrementó el lapso para emplearse en la iniciativa privada. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya se contemplaba un tiempo de “enfriamiento”, pero sólo se sugería a los funcionarios abstenerse por un año para poder usar “la puerta giratoria”.

La nueva legislación sólo impide a los funcionarios que se separan del cargo – por cualquier motivo – trabajar en una organización relacionada a su cargo en la Administración Pública Federal, pero no en alguna compañía desvinculada al área que hayan tenido a su cargo.

La expresión “puerta giratoria” hace referencia al hecho de que funcionarios públicos de alto rango pasen, tras dejar su cargo, inmediatamente a trabajar en una empresa privada relacionada con su área de experiencia, produciendo un conflicto de interés entre ambas esferas.

Por arriba del promedio

Transparencia Internacional recomienda un período de dos años antes de dar el brinco de la administración pública a la iniciativa privada o viceversa. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio del “periodo de enfriamiento” en el servicio público entre los países de la agrupación es de 3 años.

España, Japón, Reino Unido y los Países Bajos tienen esperas de dos años. En Estados Unidos y Canadá el periodo de espera es de cinco años, en este último país existe un código estricto con 20 recomendaciones muy específicas para evitar los conflictos de interés.

Para evitar los conflictos de interés, la OCDE emite cinco recomendaciones:

  1. Regular el ingreso, tránsito y egreso de los funcionarios públicos mediante leyes y códigos precisos.
  2. Establecer periodos de enfriamiento previos y posteriores a ocupar los cargos públicos, si se viene de o se va hacia el sector privado.
  3. Promulgar códigos estrictos que regulen la conducta en el ejercicio de la función pública para minimizar los riesgos que generan las situaciones abstractas de conflicto de intereses.
  4. Fortalecer los organismos de control y garantizar su autonomía.
  5. Establecer sanciones ante incumplimientos detectados en el ejercicio de la función pública.

Candados de entrada

Por otra parte, también se pusieron candados para ingresar a la administración pública. “Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas”, dice también el artículo 24.

Además, se busca cerrar la puerta al nepotismo en el gobierno. Por lo cual, queda prohibido designar, nombrar o intervenir en la contratación “como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el servicio público” a personas con las que se tenga un parentesco en los siguientes términos:

  1. Por consanguinidad hasta el cuarto grado (hasta primos y tíos abuelos).
  2. De afinidad hasta el segundo grado (Abuelos, hermanos, nietos y cuñados).
  3. Vínculo de matrimonio o concubinato.

Con esta nueva legislación las disposiciones del Código de Ética para servidores públicos –impuesto el pasado 2 de febrero– se elevan a rango de Ley para tener como prioridad evitar el conflicto de intereses dentro y fuera de la función pública.

En la línea de la inconstitucionalidad

Carlos Ferrán, director del Área Laboral de la firma Cuesta Campos, opina que es bueno implementar una nueva política para evitar el conflicto de intereses. Sin embargo, las nuevas medidas aprobadas por los legisladores rayan en la vulnerabilidad del derecho al trabajo.

“No podemos dejar de lado que independientemente de que sean funcionarios públicos son personas que trabajan como cualquier otra persona en el país”, reflexiona Ferrán.

El Artículo 5 de la Constitución indica que a ninguna persona se le puede impedir dedicarse a la actividad que elija, mientras sea lícita. “El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”, enfatiza la Carta Magna.

En ese mismo sentido, opina Óscar de la Vega, socio de D&M Abogados, al considerar que los “candados” deben analizarse desde el punto de vista constitucional porque exceden el artículo 5.

“La constitución establece una libertad de trabajo para que un individuo se dedique a cualquier profesión que sea lícita”, remarca de la Vega.

En un contexto de recortes de personal en las administraciones públicas, si los funcionarios no se emplean en la iniciativa privada, entonces en dónde podrán trabajar, cuestiona Carlos Ferrrán.

El especialista insiste en la importancia de combatir el conflicto de intereses, pero no descarta que México esté cayendo en extremos mientras inhibe el derecho de los servidores públicos a contratarse como cualquier otro trabajador mexicano.

“Me parece bien que haya estos esfuerzos, pero tienen que ser proporcionales y razonables”, destaca.

Para Rubén Pacheco Inclán, presidente de la Barra Interamericana de Abogados, los 10 años de “enfriamiento” que plantea la nueva ley se convierten en una sanción.

“Cuando hablamos de 10 años nos referimos, sin duda, a un mecanismo de sanción y no hay nunca una posibilidad de que el funcionario público tenga acceso a un elemento fundamental que es: ser escuchado. Aquí simple y sencillamente por ser funcionario ya tienes una pena anticipada”, expone Pacheco Inclán.

La disposición actual, afirma, tiene más “fondo político que verdaderamente de concepción jurídico – legislativa, siento que no está bien analizada”. El presidente de la Barra Interamericana de Abogados considera más viable establecer mecanismos de vigilancia para evitar el conflicto de interés.

Ante la necesidad que tiene el Estado como empleador de proteger la información confidencial, sugiere Óscar de la Vega, era más viable firmar con los servidores públicos un convenio de “no competencia”; es decir, un acuerdo en el que quedara expreso en cuáles empresas no pueden contratarse debido a los datos que tienen. “Esto debe ser convenido con el empleado y no ser impuesto por una Ley de esta manera”.

El abogado de la firma D&M prevé una serie de amparos exitosos contra los candados para la puerta giratoria.

Los especialistas coinciden en que las intenciones son buenas, pero la vía no es la adecuada, al menos no con el diseño que fue aprobado por los senadores.

Los senadores enviaron el proyecto de Ley de Austeridad Republicana de regreso a la Cámara de Diputados para que ratifique el cambio hecho en el “periodo de enfriamiento”, el cual estaba contemplado inicialmente en cinco años.

Detonará una crisis de talento

La restricción de 10 años para que los funcionarios de alto nivel puedan emplearse en la iniciativa privada desanima al mejor talento a trabajar en el gobierno federal. Felipe Llaguno, socio director de la empresa de reclutamiento Alder Koten, y el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Nicolás Domínguez Vergara, coincidieron en ello.

No es tan fácil atraer a personas con las competencias necesarias para puestos relevantes en la administración pública, afirmó Llaguno. Con ese impedimento será difícil que el mejor talento quiera participar. En consecuencia, los ciudadanos se verán afectados, pues quien tome decisiones clave no siempre será el más capacitado, lamentó.

Para Domínguez Vergara, “quizá el gobierno lo está haciendo como medida ejemplar, porque ha habido muchos abusos”. Puso como ejemplo al a ex secretaria de Energía, Georgina Kessel en el gabinete de Felipe Calderón, quien “casi inmediatamente de dejar el cargo se fue a trabajar a compañías privadas del sector”.

El investigador de la UAM, especialista en temas energéticos, explicó que el origen del conflicto es que muchos funcionarios públicos tienen información confidencial, que podrían compartir con las empresas. “Saben dónde invertir y dónde no, y cómo. Y se han aprovechado de ello sin ningún recato”.

Ambos indicaron que la medida es “excesiva”. Para Llaguno, bastaría con dos años para emplearse en una compañía privada. Domínguez Vergara considera que 5 son mejores.

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