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Trabajadoras mexicanas presentan la primera queja laboral contra EU vía T-MEC

Trabajadoras mexicanas presentan la primera queja laboral contra EU vía T-MEC
Adareli Ponce y Maritza Pérez denuncian violencia sexual sistemática en el programa de trabajo temporal H2, discriminación en la contratación, salarios menores a los de los hombres y falta de acceso a la justicia.

“Esta lucha es también por las mujeres que no hablan porque tienen miedo”, dijo Adareli Ponce Hernández subiendo el mentón en cada frase. Ella y Maritza Pérez Ovando, dos mujeres trabajadoras migrantes, son las primeras en presentar una petición de queja laboral contra Estados Unidos en el marco del Tratado entre México, ese país y Canadá (T-MEC​).

Estados Unidos incumple los compromisos del Capítulo 23 del T-MEC al permitir la discriminación contra las mujeres “en cada paso del proceso de contratación y reclutamiento”, señala su petición de queja dada a conocer en conferencia de prensa remota. También, al tolerar la “violencia sexual generalizada”, limitar el acceso a servicios legales gratuitos y “al no monitorear, investigar y hacer cumplir las leyes laborales”.

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Es un momento histórico, destacó Rachel Micah-Jones, directora ejecutiva del Centro de Derechos del Migrante (CDM), organización firmante de la solicitud. Ambas mujeres exigen que el programa de visas para trabajo temporal H2 no discrimine a las trabajadoras, deje de permitir la violencia sexual contra ellas, cierre la brecha salarial y les provea de verdaderos mecanismos de acceso a la justicia.

La petición, de casi 200 páginas en las que se documentan las violaciones a los derechos humanos laborales de las mujeres, se presentó ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Esta instancia será la encargada de llevar la queja ante el gobierno de Estados Unidos.

Para entender mejor el problema hay que explicar que existen dos tipos de visas H2: las H-2A, para trabajo temporal agrícola, y  las visas H-2B, para empleos temporales no agrícolas y, a diferencia de las primeras, los salarios y prestaciones que ofrecen estas industrias son menores y son las que les otorgan a las mujeres.

En 2019, el 92% de las visas H-2A que concedió el gobierno estadounidense fue para hombres y sólo 8% para mujeres. En 2018 únicamente el 3% las trabajadoras que aspiraban a este tipo de permiso lo consiguieron, de acuerdo con la petición de queja.

El 70% de las trabajadoras migrantes en este programa de visas H2 ha reportado agresiones sexuales, dice el documento. Un ejemplo es Maritza Pérez, una de las peticionarias de la queja.

Ella “fue objeto de acoso sexual continuo y severo”. Un empleador y un supervisor “le demandaron sexo a cambio de una mejor remuneración y trabajos físicamente menos demandantes”. Por rechazarlos “fue castigada y asignada a labores físicamente más demandantes”.

La letra chica de las visas

Con este programa de visas, empleadores en Estados Unidos pueden solicitar autorización al Departamento del Trabajo para llevar personas trabajadoras extranjeras. Esos permisos son temporales y para laborar únicamente en la compañía que los contrata.

Entonces, el estatus migratorio de esas personas depende de su trabajo. No pueden cambiarse de empresa y si se quedan sin empleo, no puede permanecer en ese país.

Hombres y mujeres prefieren resistir toda clase de violaciones a sus derechos por el temor al despido. “Es casi imposible que defiendan sus derechos, su posibilidad de quedarse en el país y apoyar a su familia en México depende totalmente de los deseos de su patrón”, señaló en entrevista Ben Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Workers.

En ese sentido, “eres efectivamente un esclavo, no un trabajador. El trato quizá podría ser mejor, pero en los hechos es lo que es”. Este modelo es “una invitación al abuso”, agregó Davis, miembro de la Junta Independiente de Expertos Laborales de México, organismo asesor del gobierno estadounidense.

En el caso de las mujeres hay un impacto diferente, apuntó en la conferencia Rachel Micah-Jones. De entrada, a ellas se les niega el trabajo con la visa H-2A, lo que incrementa la condición de precariedad en la que ya se encontraban.

Explicó que los empleos bajo la visa H-2B no cuenta con prestaciones de vivienda gratuita. El documento detalla que quienes laboran con ese permiso no tienen acceso a servicios legales gratuitos, pagan sus alimentos y, muchas veces, su transporte y equipo.

Y en los centros de trabajo no agrícolas las tareas “menos deseables y de menores ingresos” son designadas a las mujeres. De acuerdo con Olga Hernández Ávila, del CDM, en la industria de la jaiba las mujeres ganan 45 centavos de dólar por cada libra pizcada. En cambio, los hombres, cuya función asignada es acercarles las jaibas, ganan 11 dólares la hora.

Los gerentes obligan a las mujeres a realizarse “pruebas de orina para comprobar que no están embarazadas. Si lo están es imposible que te den el empleo o seguro que te despidan”, denunció Adareli Ponce.

¿Cómo será el proceso de queja?

Existen dos mecanismos para presentar una queja laboral bajo el T-MEC. Uno de ellos es el de respuesta rápida, “que es la parte innovadora”, comentó Ben Davis. Éste se aplica directamente a las empresas.

El otro, es muy parecido al que existía con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y es “bajo el cual se ha presentado este caso”. Funciona así: las personas afectadas presentan una solicitud de queja ante la STPS. En este caso son Adareli Ponce y Maritza Pérez, apoyadas por el CDM y 17 organizaciones más. La dependencia lo revisa y acepta la petición. Entonces, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), “convoca a su contraparte estadounidense a consultas para tratar de resolverlo”.

No son personas u organizaciones, “sino el gobierno México es quien debe pedirle a Estados Unidos que genere políticas públicas para proteger y garantizar el acceso de las mujeres a los derechos laborales y la igualdad”, explicó Olga Hernández, del CDM.

Este mecanismo “es más de conciliación que de sanción”. Busca la elaboración de política pública, no se señala a una empresa, sino al Estado.

Existe la opción de pedir que en esta conciliación participe el panel de personas expertas y externas a las dependencias, una herramienta que también es nueva. Y de hecho, para este caso el CDM ya incluyó esta petición.

Ahora, si acaso la STPS rechazara la petición de queja, “tendrían que fundar y motivar su decisión”, agregó Olga Hernández. Con base en esos argumentos, el CDM podría volver a presentar la solicitud.

Aunque “no encontramos ninguna posibilidad de que la nieguen”, confía. En ello coinciden Rachel Micah-Jones, directora del CDM, y el sindicalista Ben Davis. El gobierno mexicano ha dado señales de que protege los derechos de las personas trabajadoras, afirmaron.

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