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Subcontratación laboral ya es ilegal, publican reforma de outsourcing en el DOF

Por: Blanca Juárez y Felipe Morales Fredes 24 Abr 2021
Subcontratación laboral ya es ilegal, publican reforma de outsourcing en el DOF
Los contratos de subcontratación de personal ya no podrán realizarse y las empresas con servicios de tercerización vigentes tendrán hasta el 23 de julio para regularizarse e incorporar a los trabajadores a sus nóminas.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó la tarde del viernes el decreto de la reforma de subcontratación. Con ello, a partir de este 24 de abril comienza a correr el plazo para que las empresas realicen los ajustes necesarios para cumplir con las nuevas reglas, como transferir a su nómina al personal que estaba subcontratado. Tienen hasta el 1 de agosto de este 2020.

Por la mañana, la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde explicó que con esa modificación legislativas se prohíbe la subcontratación de personal. Es decir, “la transferencia de trabajadores propios hacia otra empresa, las famosas nomineras o empresas que se creaban con el único objetivo de aparecer como patrones sin tener ninguna actividad productiva”.

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A partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación este viernes, las empresas que cuenten con esquemas de subcontratación de personal tendrán tres meses de plazo para transferir a sus nóminas a las trabajadores y los trabajadores que se encuentren laborando bajo esta modalidad, ya sea a través de insourcing o de contratos de transferencia de personal.

Si al cumplirse el plazo que se concedió para la plena entrada en vigor de esta reforma alguna organización sigue operando bajo esas condiciones, la parte patronal estaría cometiendo el delito de defraudación fiscal y podría enfrentar una pena de prisión de hasta 10 años. O, en su caso, multas de hasta 4 millones de pesos.

El gobierno federal estima que más de 4.5 millones de personas laboran bajo el esquema de outsourcing. Y, de acuerdo con la STPS, varias empresas se han adelantado y ya contrataron de manera directa a 300,000 personas.

Al prohibir esta forma de subcontratación, “las empresas deberán reconocer como trabajadores propios a todos aquellos que realizan las actividades principales de sus empresas. Es decir, relacionadas con su objeto social y actividad económica preponderante”, explicó la secretaria del Trabajo.

Los 15 cambios que implica la reforma

El decreto promulgado reforma ocho marcos legales: Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Código Fiscal de la Federación.

La reforma considera los siguientes cambios:

  1. Eje central. Se prohibe la subcontratación de personal, como ocurre con los esquemas de insourcing, esto es cuando una empresa crea otra razón social para administrar a través de ella al capital humano del grupo. Esta medida es aplicable a las empresas privadas y en el gobierno.
  2. Esquema permitido. Las empresas podrán subcontratar servicios y obras especializadas que no formen parte de su objeto social o actividad económica preponderante.
  3. Excepción de grupo. Los servicio u obras prestadas entre las empresas de un mismo grupo serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni la actividad preponderante de la empresa que los reciba. La medida aplica para grupos empresariales que coticen en el mercado de valores.
  4. Agencias acotadas. Las agencias de empleo podrán participar sólo en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación de personal, pero no podrán ser patrones de las personas que colocan en las empresas.
  5. Responsabilidad compartida. La empresa que subcontrate servicios u obras será responsable solidariamente en caso de que la contratante no cumpla con sus obligaciones patronales (SAT, IMSS, Infonavit).
  6. Registro oficial. Las empresas de subcontratación tendrán que registrarse y formar parte de un padrón de la STPS; el registro se renovará cada tres años. La dependencia tendrá treinta días después de publicada la reforma para expedir las reglas correspondientes.
  7. Reportes esporádicos. Las empresas de subcontratación tendrán que entregar cada cuatro meses informes al IMSS y al Infonavit con los datos de los contratos celebrados con otras empresas, la información de los trabajadores y la determinación del salario base. Las instituciones tendrá dos meses después de publicada la reforma para emitir las reglas correspondientes.
  8. Cruce de información. El Infonavit y el IMSS estarán facultados para reportar de manera directa a la STPS el incumplimiento de las obligaciones de las empresas del sector.
  9. Inspecciones con dientes. La empresa de subcontratación que no permita la inspección de las autoridades laborales y no presente la información demandada puede hacerse acreedora de una multa de hasta 448,100 pesos.
  10. Multas parejas. Las empresas que operen o que subcontraten servicios sin contar con el registro de la STPS se harán acreedoras a multas de hasta 4.5 millones de pesos.
  11. Candado fiscal. Sólo podrán ser deducibles o acreditadles los pagos de subcontratación de servicios u obras que no formen parte de la razón social o actividad preponderante de una empresa.
  12. Pena de cárcel. Utilizar esquemas simulados de outsourcing e insourcing será considerado defraudación fiscal, delito que se castiga con cárcel.
  13. Esquema de transición. Después de publicada la reforma en el Diario Oficial de la Federación, las empresas tendrán un plazo de tres meses para transferir a sus nóminas al personal propio subcontratado.
  14. Antigüedad garantizada. Las empresas que se asuman como patrones del personal subcontratado tendrán que reconocer sus derechos laborales y periodo de antigüedad.
  15. Tope al PTU. El reparto de utilidades tendrá como límite máximo el equivalente a tres meses de salario o el promedio recibido en los últimos tres años, lo que resulte más alto.

Mientras las empresas tendrán tres meses de plazo para adaptarse a las nuevas reglas de subcontratación, el gobierno federal y las entidades públicas tendrán, como patrones, lo que resta del año para hacer los ajustes para incluir dentro de su plantilla de servidores públicos a las personas trabajadoras que actualmente laboran bajo esquemas de subcontratación para el Estado.

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