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Se acabó complicidad entre empresas y gobierno a costa de trabajadores: STPS

Se acabó complicidad entre empresas y gobierno a costa de trabajadores: STPS
La STPS, el IMSS y la UIF coincidieron en que el outsourcing agresivo afecta tanto a las instituciones como a los trabajadores; reforzarán la supervisión de prácticas laborales abusivas.

El outsourcing agresivo que afecta a trabajadores en sus derechos como seguridad social, estabilidad, reparto de utilidades o antigüedad creció sin control en años anteriores debido a la complicidad entre autoridades y empresas, acusó Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social. Esa situación ya se terminó, sentenció.

Esto no sólo tiene un impacto en los derechos de los trabajadores. El outsourcing ilegal, advirtió por su parte Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), representa una evasión de 21,000 millones de pesos anuales, el equivalente a la construcción de 14 hospitales de segundo nivel y 210 clínicas de primer nivel de atención para el beneficio de los trabajadores.

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“Esto ha sido y fue producto de varias circunstancias, la principal fue una complicidad por parte de las autoridades que no hicieron absolutamente nada al respecto, una especie de pacto de inacción y que dejaron que esto proliferara y que fuera creciendo sin ningún tipo de control”, puntualizó Luisa María Alcalde Luján durante su intervención en el Parlamento Abierto en Materia de Subcontratación en el Senado de la República.

Destacó, además, que las autoridades en su momento no realizaron ninguna inspección en esta materia y tampoco se realizó un trabajo coordinado con otras instituciones que también se ven afectadas por la subcontratación abusiva. 

Por ello, Alcalde Luján reiteró el compromiso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de seguir realizando inspecciones en materia de outsourcing y trabajar en conjunto con el IMSS, la Procuraduría Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para frenar estas actividades.

“En este sentido hemos sido bastante eficaces, creemos que debemos seguir colaborando de manera conjunta porque es así que realmente se puede ir abatiendo estas figuras tan agresivas”, expuso la titular de la STPS. 

En ese punto coincidió Zoé Robledo, director general del IMSS, al reconocer que la subcontratación abusiva afecta tanto a trabajadores, como a empresas e instituciones públicas. 

“La menor recaudación de ingresos termina reduciendo nuestra capacidad para fondear la seguridad social, en especial los servicios de salud, las pensiones y, en el caso del Infonavit, la vivienda. Esto entorpece el crecimiento de la infraestructura, entorpece la capacidad de crecer en nuestra propia capacidad de instalaciones, contratar más médicos, enfermeras, enfermeros. Nosotros no negamos los errores que tenemos, pero el outsourcing también tiene que ver con las urgencias saturadas, también tiene que ver con los tiempos de espera”, sentenció el funcionario. 

Tanto Luisa María Alcalde como Zoé Robledo coincidieron en que hay subcontratación buena y mala. La titular de al STPS hizo un llamado a los legisladores a “no caer en la trampa” de garantizar sólo los derechos mínimos al regular la subcontratación y olvidar los derechos colectivos y que no todas las actividades se pueden tercerizar. 

Protección de trabajadores, la prioridad

Durante su intervención, Santiago Nieto, titular de la UIF, urgió a crear una política pública nacional centrada en la protección de los derechos de los trabajadores. 

El funcionario enfatizó que hay preocupación por la estabilidad de los trabajadores, las pensiones, el abaratamiento de la mano de obra, la pérdida de la antigüedad y la evasión fiscal derivada de la subcontratación ilegal, la cual calificó como una práctica corrupta. “La fiesta se tiene que acabar por el bien de los trabajadores”, aseguró. 

Por su parte, el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Napoleón Gómez Urrutia (Morena), recordó que la regulación de la subcontratación es un tema que quedó pendiente en la reforma laboral del 1 de mayo. 

El legislador reconoció que la figura de outsourcing es necesaria para algunas empresas en el desarrollo de actividades y funciones que en muchas ocasiones no pueden efectuar por sí solas por cuestiones de estructura, recursos financieros o humanos. 

Sin embargo, el también dirigente sindical minero dijo que hay empresas que han abusado de esta figura y la han degradado. 

“En México la forma tan laxa e indiscriminada con la que se aplica esta figura ha generado una precariedad laboral que ha contribuido a mantener salarios muy bajos y una pérdida de derechos que han contribuido a incrementar la desigualdad”, expuso.

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