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Regresar pensiones a salarios mínimos se complica, costaría $200,000 millones

Regresar pensiones a salarios mínimos se complica, costaría $200,000 millones
El alto impacto financiero para modificar el cálculo de las pensiones ha frenado iniciativas de reforma constitucional presentadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Regresar el cálculo de las pensiones al salario mínimo (SM) representaría un costo para el erario público de 200,000 millones de pesos anuales, estima Carlos Ramírez, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

El recurso que se necesitaría para indexar estos pagos al SM —considerando el aumento del 2020— equivale a la suma de los presupuestos de los programas federales de pensiones para adultos mayores y para personas con discapacidad, las becas Benito Juárez para estudiantes de educación media superior y superior, y Jóvenes Construyendo el Futuro.

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“La factura que tiene hoy el gobierno federal asciende a 1 billón de pesos, más o menos el 17% del total del presupuesto del país para el pago de pensiones. Tomando el escenario del 2020, al recobrar la indexación el aumento del salario mínimo del 20% aplicaría también a las pensiones y, entonces, las finanzas públicas tendrían un aumento del 20% en automático”, explica el también director de Desarrollo de Negocios de Integralia Consultores, Carlos Ramírez.

En el 2016 se desindexó el SM del pago de obligaciones y multas. Fue el primer paso para recuperar su poder adquisitivo y se creó como referente la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual se ajusta cada año con base en la inflación.

“Los incrementos de los últimos tres años en el salario mínimo han sido posibles, en buena medida, gracias a que se desindexó el salario de otros precios de la economía, incluyendo el tema de las pensiones”, puntualiza Ramírez.

En opinión de David Kaplan, especialista Senior en Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las pensiones deben seguir calculándose en UMAs; regresar a a la indexación con el SM limitaría la recuperación de este referente en el futuro.

“Si el Congreso quiere subir las pensiones, puede subirlas sin indexarlas al salario mínimo. Digamos, si hoy la pensión de alguien es 5 veces la UMA, el Congreso puede cambiar ese parámetro a 6, 7 o 100; lo que quiera el Congreso. Si se quiere subir las pensiones de las personas, lo que yo pienso sería la ruta más sana, es simplemente cambiar las leyes de los distintos regímenes de pensiones”, afirma.

En septiembre pasado la Suprema Corte publicó una jurisprudencia en la que establece que la pensión es una prestación de seguridad social derivada de una relación laboral y sustentada en el salario por lo que debe ser fijada con base en el SM.

Seguridad ligada a la UMA

Carlos Ramírez expone que el pago de pensiones con UMAs tiene una ventaja por encima del SM: “Se va ajustando conforme a un componente inflacionario” y no pierde su poder adquisitivo.

“Ahorita lo estamos viendo desde una óptica de que subió más el salario mínimo que la UMA, pero qué pasa si es al revés”, cuestiona el especialista.

Por su parte, Ana María Montes, directora de Consultoría Actuarial y Compensación de Lockton México, considera que indexar las pensiones al SM incrementaría la desigualdad entre los pensionados. “A la pensión de 80,000 pesos le voy a dar un incremento del 20%, serían aproximadamente 16,000 pesos. A la pensión mínima del 73, como esa está definida que como mínimo siempre se va a dar un salario mínimo actualizado, ahí la actualización hubiera sido de 625 pesos. Para una pensión de la Ley 97, la mínima sería de 580 pesos”, ejemplifica.

Montes afirma que antes de plantear reformas, se deben considerar todos los esquemas de pensiones vigentes. “Tomar una decisión general, sin saber realmente cuál es la regla de beneficio en cada uno de los ‘miles’ de sistemas de pensiones se me hace algo imprudente, arriesgado”, expone.

La diputada Mary Carmen Bernal (PT), presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara Baja, impulsa una reforma constitucional para retornar al cálculo en salario mínimo. Pero reconoce que la discusión se ha frenado por el impacto presupuestal de la medida.

Pese a ello, asegura que insistirán en hacer este cambio legal por un tema de justicia laboral. “Cuando nace la UMA es para el pago de obligaciones y no para derechos, y la pensión es un derecho ganado por el trabajador. Hay una mala interpretación de la norma, que fue aplicada a conveniencia, tan es así que la Suprema Corte ya salió con una resolución al respecto”, afirma.

La iniciativa de Bernal se suma a otra en el mismo sentido, promovida por la senadora Gricelda Valencia de la Mora, presidenta de la comisión de Seguridad Social de la Cámara Alta.

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