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Recomiendan facultar a jueces para investigar casos de subcontratación ilegal

Recomiendan facultar a jueces para investigar casos de subcontratación ilegal
Cuando un juzgador encuentre una violación a los derechos laborales de un individuo, podría iniciar un procedimiento sumario. Es decir, investigar en qué otros casos de la misma empresa se replica la situación.

A la reforma laboral le faltó dotar de competencias a los nuevos jueces para, por ejemplo, verificar las empresas de subcontratación ilegal, dice la magistrada Rosario Jiménez Moles. Les llegarán casos individuales y no podrán obviar que una empresa esté violando los derechos laborales de más de una persona, explica.

Rosario Jiménez, doctora en Derecho, es representante del gobierno federal de la quinta sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En entrevista, afirma que en la práctica “harán las veces de una verificación eficaz”.

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La reforma para regular nuevamente esta modalidad de contratación quedó en pausa el año pasado. La propuesta del gobierno federal fue rechazada por la iniciativa privada y, tras varios encuentros con representantes empresariales y sindicales, acordaron suspender la dictaminación para febrero y no hacer despidos en diciembre, como solía suceder.

Hace unos días, en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su reforma se concretaría, pues muchas empresas no cumplieron el pacto de no tener despidos masivos en diciembre.

Nuevo sistema de justicia

Luego de modificaciones a la Constitución en 2017, y a la Ley Federal del Trabajo en 2019, en noviembre de 2020 comenzaron a operar los primeros juzgados en material laboral en siete estados. Este año le seguirán otros, en 13 entidades del país y, en 2021, culminará este proceso.

La justicia laboral dejó de estar en manos del Poder Ejecutivo y ahora lo está en el Poder Judicial, y eso fue un “gran avance”. Pero sería conveniente en un tiempo hacer un alto, revisar y modificar nuevamente en la ley lo que sea necesario, sugiere la magistrada.

Facultades de fiscalización al personal de justicia, quizá sea el primer punto a considerar. “Para que cuando adviertan una empresa que tiene outsourcing ilegal manden a sus actuarios a verificar. O que una persona pueda hacer una denuncia anónima o dentro de una demanda laboral individual el juez, mediante un procedimiento sumario, se investigue a la empresa no sólo por ese trabajador, sino por todos”.

El Poder Judicial de la Federación ha capacitado y profesionalizado “muy bien” a las personas juzgadoras que estrenarán este sistema de justicia, sostiene. Lo que ahora hace falta es un “cambio de pensamiento en todos los operadores jurídicos, en todos los que van a intervenir en los tribunales”.

Porque no sólo es otro mecanismo, sino que la pandemia de covid-19 ha impuesto otra realidad al mundo entero, subraya la especialista.

Inspectores mejor pagados

Esa tarea de verificación está en manos de las inspectoras y los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Sin embargo, “a pesar del esfuerzo que hace esa dependencia, no son suficientes, no están bien capacitados ni bien pagados”.

Bajo esas circunstancias, expone, es difícil que puedan confirmar “dónde hay seguridad social fraudulenta, ya sea para trabajadores del apartado A o B del artículo 123 constitucional. Porque también hay outsourcing agresivo en el gobierno federal y en los gobiernos locales”. Es necesario que el personal de inspección “tenga una mejor preparación y un salario de profesionista”.

Los sueldos en el Poder Judicial no son problema, señala. “La Cámara de Diputados le asigna más presupuesto a los órganos jurisdiccionales. Actuarios, secretarios, instructores y jueces laborales están muy bien pagados”. El problema es la sobrecarga de trabajo. “Por cada 5,000 expedientes solo haya 15 funcionarios, eso fue lo que hizo disfuncional las juntas de Conciliación y Arbitraje”.

Hace falta más personal de impartición de justicia, así como agilizar y simplificar muchos trámites, apunta. Porque “no se afecta el derecho a la justicia de las personas, sino el derecho humano de quienes la imparten a contar con los recursos humanos, financieros, económicos, materiales e informáticos para que realicen su tarea”.

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