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Proponen cuotas de inclusión laboral para que la IP acceda a beneficios fiscales

Proponen cuotas de inclusión laboral para que la IP acceda a beneficios fiscales
México es uno de los pocos países latinoamericanos que no cuenta con cuotas de inclusión laboral en su legislación, lo que podría cambiar con una reforma que será analizada en comisiones de la Cámara de Diputados.

Las cuotas de inclusión laboral no son obligatorias en la Ley Federal del Trabajo (LFT), pero eso podría cambiar con una propuesta presentada por Morena en el Congreso de la Unión para incluir una proporción mínima de trabajadores con discapacidad o adultos mayores que deben contratar las empresas para acceder a algunas deducciones fiscales.

México es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con cuotas de inclusión laboral en su marco legal. Incluso países de Centroamérica como Nicaragua, Honduras y El Salvador tienen avances importantes en esta materia, según la plataforma Incluyeme.

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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió este miércoles una iniciativa para que las empresas con más de 50 trabajadores contemplen 12% de sus puestos de trabajo para cuotas de inclusión. De esta manera, el 5% de la plantilla debería cubrirse con personas con discapacidad, 5% con personas de 50 a 60 años de edad y 2% con trabajadores de la tercera edad.

A cambio de cumplir con estas cuotas, las empresas accederían a un beneficio fiscal, para deducir del Impuesto Sobre la Renta (ISR) el 25% del sueldo de esos trabajadores.

“Al cumplir lo dispuesto en el párrafo anterior, el patrón podrá realizar la deducción prevista en el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”, expone la diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz (Morena), en la iniciativa que será revisada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social en San Lázaro.

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo sólo contempla candados para prevenir la discriminación, entre otras condiciones, por cuestiones de edad o por discapacidad en la contratación de personal. Sin embargo, las cuotas de inclusión laboral no están contempladas y las empresas que cuentan con ellas, son gracias a sus políticas internas. De hecho, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social otorga un reconocimiento a las empresas que tienen prácticas inclusivas y con una labor activa en la no discriminación.

Cultura de la inclusión, el reto

Cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) indican que en nuestro país hay cerca de 1 millón de personas con discapacidad en posibilidades de trabajar, pero sólo el 30% ha conseguido su incorporación al mercado laboral. El panorama es más complejo en cuanto al acceso a contrato, prestaciones y seguridad social, únicamente el 25% tiene esta protección en su trabajo.

“Es importante crear una cultura de inclusión y quitarles el pretexto a las empresas de no contratar a personas mayores de 50 años, de la tercera edad o con discapacidad, porque piensan que no tienen la capacidad, fuerza, energía o habilidad para para laborar”, expone Vargas Meraz.

En ese sentido, la legisladora resaltó la necesidad de que las políticas públicas cubran a este sector vulnerable de la población y los proteja en materia laboral, económica y social.

Limitar las contrataciones a una edad, por pensar que las personas con discapacidad o mayores de 50 años no se adaptan a las nuevas tecnologías o son poco productivas, son prejuicios que tienen las empresas. Pero la realidad es distinta, porque pueden aportar mucho valor, desempeñar su trabajo con eficacia y en el caso de los mayores de 50, mucha experiencia, expresó la legisladora.

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