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Preocupa a EU la implementación de la reforma laboral y el abuso del outsourcing

Preocupa a EU la implementación de la reforma laboral y el abuso del outsourcing
En su primera evaluación, la junta de observadores independientes estadounidenses reconoció el esfuerzo del gobierno federal, pero observó fallas en la aplicación de los cambios de democracia sindical y justicia laboral.

La Junta Independiente de Expertos Laborales de México entregó al gobierno entrante de Estados Unidos, encabezado por el demócrata Joe Biden, el primer reporte sobre los avances de la reforma laboral que entró en vigor en mayo de 2019 y los desafíos que significan aspectos como el cumplimiento de los derechos laborales, pues “hay preocupaciones serias”.

Esta junta tiene 10 integrantes: cuatro nombrados por los sindicatos, cuatro representantes de los legisladores demócratas en el Congreso de los Estados Unidos y dos nombrados por los republicanos (aún pueden nombrar a dos más).

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Ben Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers y presidente de la Junta Independiente, comentó a El Economista que el primer informe se entregó al Representante Comercial, al Secretario de Trabajo, y a los líderes de las Comisiones del Senado y la Cámara de Representantes responsables del tema de comercio para que tengan un panorama sobre la reforma laboral de México.

Cabe señalar que en la Sección 731 de la Ley de Implementación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) el Congreso de Estados Unidos estableció una Junta de Expertos Laborales de México (IMLEB) con el propósito de monitorear y evaluar la implementación de la reforma laboral y el cumplimiento de sus obligaciones.

La Junta proporciona este informe sobre los esfuerzos de México para implementar la reforma laboral, y la forma y grado en que las leyes se aplican. En su reporte destacó que si bien la primera fase de implementación, es decir la puesta en marcha del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y la creación de los primeros centros de conciliación y tribunales laborales locales, se retrasó hasta el 18 de noviembre de 2020 debido a la pandemia de Covid-19, “la Junta ha identificado una serie de preocupaciones serias con proceso de aplicación de la ley laboral que creemos debe abordarse con prontitud”.

» Consulta el informe completo aquí (versión en inglés)

Entre las dificultades que se tienen identificadas destaca la operación de los contratos de protección, los cuales se firman con sindicatos controlados por las empresas sin que los trabajadores conozcan su contenido, enfrentándose a bajos salarios.

Lo anterior, pone de manifiesto que “los trabajadores aún están lejos de poder elegir, de manera democrática, a su líder sindical, pues aún se mantiene intacto el sistema de protección de los contratos colectivos, aun cuando se tienen que legitimar antes del primer de mayo de 2023, y los trabajadores no puedan denunciar estos hechos”.

Sucontratación, también en la mira

El reporte de 39 páginas también aborda el tema la subcontratación, el cual desató un importante debate en las últimas semanas en México por la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley Federal tel Trabajo y regular esta figura, pues “tiene un impacto directo en la capacidad de hacer cumplir la legislación laboral”.

La magnitud de este tema, detalla la Junta, es relevante, entre otras razones, porque en sectores como el de autopartes se reportó en el 2014 que 24% de los trabajadores fueron subcontratados, mientras que en la industria aeroespacial en Tijuana ese porcentaje llega a 50 por ciento. “Estas prácticas hacen que sea cada vez más difícil para los trabajadores determinar quién tiene responsabilidad por sus salarios, beneficios y condiciones de trabajo y lograr una solución en caso de violación de sus derechos”.

Otra dificultad observada en el mercado laboral es que al iniciar operaciones el CFCRL con un mes de retraso, “los nuevos contratos sólo se depositarán a medida que se negocien, lo que puede tardar dos años”, a pesar de ser un requisito legal a cumplirse antes del 1 de mayo del 2023.

Asimismo, revela que hay cerca de 559,969 contratos que deben legitimarse. De éstos, la STPS estima que hasta el 85% pueden no ser legítimos y que sólo entre 10 y 15% de los contratos existentes se aprobarán bajo las nuevas reglas. Mientras que los contratos de protección simplemente desaparecerán después de la fecha límite de mayo del 2023, pues no se llevarán a votación. “En cualquier caso, al ritmo actual no se alcanzaría la legitimación de hasta el 10% de los acuerdos existentes”.

Sugieren implementar cambios

Entre otros aspectos, los expertos sugieren que la nueva administración de Estados Unidos promueva una reorganización del calendario de implementación de la reforma laboral en los estado de México en donde aún deben ponerse en marcha los nuevos tribunales laborales y los centros de conciliación locales, de modo que el cronograma se alinee mejor con el Anexo 23-A (del T-MEC)

La Junta de Expertos Laborales de México, quienes están autorizados para determinar si México cumple los acuerdos en el marco del T-MEC –lo que podría desatar paneles laborales–, informó que en esta ocasión no emitirá una resolución de incumplimiento porque “las nuevas instituciones laborales empezaron a operar hace menos de un mes, no obstante, listó varias recomendaciones. Entre ellas:

  • Poner fin a la violencia contra los trabajadores
  • Promover la transparencia de los contratos colectivos de trabajo
  • Adelantar al 2021 la implementación de la reforma en estados donde hay sectores prioritarios para el T-MEC, como Tamaulipas y Nuevo León, los cuales hasta ahora están considerados en la fase 3 del programa en 2022.
  • Reformar el proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo
  • Fortalecer la inspección laboral en las votaciones sindicales
  • Definir un procedimiento seguro para que los trabajadores reporten irregularidades
  • Incrementar y enfocar los fondos para fortalecer la capacitación de los trabajadores
  • Mejorar la rendición de cuentas de los empleadores

Finalmente, se menciona que Estados Unidos debe trabajar con México para construir un programa robusto de cooperación para fortalecer y expandir grupos de inspectores profesionales con la capacidad de identificar, reportar y sancionar violaciones a la libertad de asociación y negociación colectiva.

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