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¿Pensiones en UMAs o en salarios mínimos? El Congreso podría entrarle al tema

¿Pensiones en UMAs o en salarios mínimos? El Congreso podría entrarle al tema
Entre dos formas de calcular los pagos de esas prestaciones, la SCJN decidió que sería la más barata: la UMA. Ahora, organizaciones de personas jubiladas buscan un apoyo en el Congreso para cambiar esta decisión.

“Queremos generar un gran movimiento nacional”, dice Jorge Herrera Ireta, vicepresidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana (Conjupam). Por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) millones de burócratas verán disminuidas sus pensiones, pero en el Congreso hay una salida, considera. Y en la Cámara de Diputados hay al menos dos proyectos de reforma que los ayudarían.

Uno de ellos se presentó este martes. El diputado David Bautista, de Morena, el partido mayoritario, propone eliminar el requisito de la edad para la jubilación de trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado. Pero es la iniciativa de la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Mary Carmen Bernal Martínez, con la que se establecería que las pensiones se calcularán en salarios mínimos y no en Unidad de Medida y Actualización (UMA), como lo decidió la SCJN.

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“La Corte se equivocó”, sostiene en entrevista la diputada federal del Partido del Trabajo (PT). La resolución del máximo tribunal afecta a cerca de 2 millones de personas cuya seguridad social está regulada por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, señala Jorge Herrera.

El pasado 17 de febrero, la segunda sala de la SCJN determinó que las pensiones de burócratas se cuantificarán en UMA y no en salario mínimo. El resultado de esto es que el monto a recibir será menor, pues el valor de la UMA es de 89.62 pesos diarios o 2,724.45 pesos mensuales; el del salario mínimo general, de 141.70 pesos diarios o 4,307.68 al mes.

El tiempo se agota

Desde septiembre de 2019, la diputada Mary Carmen Bernal presentó una iniciativa de reforma al artículo 123 constitucional que no ha avanzado. En ella establece que la UMA no se utilizará para “las prestaciones de seguridad social y pensiones, las cuales se seguirán determinando y pagando a los beneficiarios en salarios mínimos”.

Pero “no ha habido condiciones para ser aprobada”, lamenta. La propuesta tendría un cargo presupuestario, reconoce, pues el pago de pensiones en salario mínimo es más alto que en UMA. “Pero es una demanda legítima. Si los trabajadores y trabajadoras cotizaron con esa base, en ese valor hicieron sus aportaciones, lo justo es que así sea su retribución”.

Esta semana, informa, comenzará a buscar nuevamente “el apoyo y respaldo del grupo parlamentario. Pero también generar una correlación de fuerzas con otros partidos”. No es un tema cerrado, asegura.

“La gente está triste y angustiada porque su pensión en UMA dista mucho de lo que sería en salario mínimo, debemos hacer algo”. Pero el tiempo se agota para esta legislatura que terminará en abril y estas iniciativas podrían irse a la congeladora. “Yo seguiré insistiendo, si no lo logro, espero que en la siguiente legislatura la retomen”.

Varios frentes

La Conjupam reconoce a Mary Carmen Bernal como una legisladora aliada. En el mapa legislativo de quiénes podrían apoyar su movimiento también tienen ubicada a la presidenta de la Comisión de Seguridad Social del Senado, Gricelda Valencia de la Mora, de Morena, apunta Jorge Herrera.

En los próximos días pedirán el apoyo del Congreso, adelanta, “para revertir la decisión de la Corte”. Esperan que otras fuerzas políticas o más diputados y diputadas les apoyen e impulsen la iniciativa de la legisladora Mary Carmen Bernal o alguna otra que establezca al salario mínimo como la base para el cálculo de sus pensiones.

También están buscando a otras organizaciones de personas jubiladas o trabajadoras, así como sindicatos. “Algunas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ya se han manifestado, así que podríamos unirnos”.

Sus acciones serán sociales, indica, pero también legales. “Aunque la decisión de la SCJN es inatacable, analizaremos qué recovecos legales o a qué instancias internacionales podemos acudir. La mayoría somos personas de más de 60 años, el fallo no sólo violenta nuestros derechos laborales, sino humanos como persona adulta mayor”, expresa.

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