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Morena le pone candados a la “puerta giratoria”

Morena le pone candados a la “puerta giratoria”

La bancada morenista en el Senado de la República presentó el proyecto para ampliar hasta 10 años el plazo para que exfuncionarios de áreas estratégicas del gobierno puedan trabajar en el sector privado en el mismo sector de su cargo público.


La bancada de Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma a los artículos 56 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que exfuncionarios no se puedan contratar con empresas privadas de su sector en 10 años.

Al presentar la iniciativa ante el pleno, el senador Salomón Jara advirtió que la propuesta es incrementar de uno a 10 años el plazo de restricción que actualmente existe, con la añadidura de un nuevo supuesto.

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Explicó que esto consiste en que se aplicará a exfuncionarios públicos de áreas estratégicas que cuenten con información privilegiada de interés nacional y que pretendan beneficiar a terceros con dichos datos.

La iniciativa también aborda la prohibición para que las compañías privadas contraten a un exfuncionario que haya servido en un área estratégica.

En este caso, la reforma propuesta al artículo 72 de la Ley de Responsabilidades Administrativas indica que la empresa debe dejar pasar 10 años después de que la persona haya servido en el sector público para contratarlo.

Excepciones a la regla

Los servidores públicos que no posean información estratégica o privilegiada y, por ende, no puedan beneficiarse de manera de ella, no enfrentan restricción alguna para contratarse en el sector privado.

Jara Cruz explicó que los exfuncionarios que sí tengan información privilegiada pueden contratarse con empresas privadas que no formen parte del sector estratégico en donde la persona sirvió a la nación.

De esta forma, se garantiza que la información sensible que poseen no sea el vínculo para unirse a una compañía privada a través de una relación comercial o laboral.

Se trata, dijo el legislador, de una propuesta consistente con la Constitución, ya que extender el plazo de prohibición para que los servidores públicos de sectores estratégicos que dejen el gobierno puedan contratarse con el sector privado, no limita el derecho al ejercicio profesional.

La iniciativa fue turnada para su dictaminación a las comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

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