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Levantamiento obrero en GM, otro botón de muestra del descontento sindical

Activistas advierten que la represión sindical y empresarial contra los trabajadores está ocurriendo en otras partes del país. La reforma laboral y los nuevos principios de negociación colectiva están viviendo su prueba de fuego.

La historia muy corta es esta: más de 6,000 empleadas y empleados de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, se disponían a votar, a favor o en contra, de su contrato colectivo de trabajo (CCT). Pero, ante irregularidades como quema de boletas, las autoridades laborales suspendieron el proceso.

La versión puesta en contexto es que aquel suceso es un botón de muestra de lo que está ocurriendo en el país a partir de que, con la reforma laboral y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuentan con mecanismos de democracia sindical.

Los despidos, el hostigamiento y las amenazas de la empresa y el sindicato, que ha denunciado la plantilla laboral de GM, es una réplica de lo que pasa en otros estados, dice Patricia Juan Pineda, defensora de derechos laborales. “Por eso cuesta tanto que levanten la voz, porque cuando lo hacen arriesgan no sólo su trabajo, sino su integridad física”.

Medidas como el encarcelamiento y la represión contra movimientos obreros que lucharon por el reconocimiento de sus derechos, continúan. Ahora, por intentar ejercerlos. Las reformas a la Constitución en 2017 y a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 2019 no implican que automáticamente puedan gozar de ellos, señala Patricia Juan y también Inés González Nicolás, una de las coordinadoras de la Red de Mujeres Sindicalistas.

El pasado martes el gobierno de Estados Unidos presentó la primera solicitud directa, en el marco del T-MEC, para que México revise el caso de GM. El mismo día, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) declaró nulo el proceso de legitimación del CCT y ordenó hacer nuevamente la consulta. Una consecuencia de este conflicto podría ser la imposición de aranceles a las manufacturas automotrices mexicanas.

El grupo disidente Generando Movimiento, que utiliza también las siglas GM, lo ha tomado con reservas. “Es un punto a nuestro favor, pero la secretaría no habla de sanciones a la empresa por entrometerse en la vida sindical”, dice Israel Cervantes Córdova, líder de la agrupación, y quien fue despedido en 2019 “como represalia por querer democratizar el sindicato”.

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La reforma laboral, el origen

Para esas horas ya era la madrugada del 22 de abril de 2021. Autoridades de STPS le informaron a Patricia Juan que el proceso de legitimación se suspendía. La abogada es parte del grupo de apoyo a los trabajadores y trabajadores de la empresa estadounidense. Pero la historia comenzó antes.

Mayo 2019: la reforma laboral estableció la obligatoriedad de los sindicatos de poner a votación los CCT. La legitimación de los contratos “acredita que los trabajadores conocen y apoyan su contenido”, explica la STPS.  Las autoridades esperan que los que sean rechazados sean los de “protección”. Los que fueron pactados entre las dirigencias sindicales y las empresas, favoreciéndose ambas partes pero no a la plantilla laboral.

Sin embargo, “en Silao el asunto no fue el contrato. La votación para legitimarlo fue la coyuntura que los trabajadores encontraron para decir no a Tereso Medina”, opina Inés González.

El ex legislador del PRI es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y Proveedores de Autopartes en General, de la Energía, sus Derivados y Similares de la República Mexicana “Miguel Trujillo López”.

También es secretario general de la Federación de Trabajadores de Coahuila. La cual, a su vez, está afiliada a la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Esta última central obrera también enfrenta descontento de los trabajadores en las maquilas de Matamoros, Tamaulipas. En esta misma semana se inició una solicitud de queja laboral desde Estados Unidos mediante el T-MEC.

“Más que rechazar el contrato, es rechazar la dirigencia de Tereso Medina”, insiste. Para la sindicalista y feminista este conflicto deja ver que la reforma laboral “dará frutos. No será de la noche a la mañana, se trata de romper una cultura de corrupción, de control de los trabajadores”. Este medio buscó al dirigente sindical. Sin embargo, no tomó las llamadas.

Actos de intimidación

28 de agosto de 2019, cerca de la media noche. Israel Cervantes Córdova es informado que ya no trabajará en la planta de GM. La prueba de detección de drogas que le acaban de practicar hace 20 minutos dio positivo a cannabis y a fármacos que quizá son antidepresivos.

“Lo inventaron porque desde abril, con otros compañeros, nos organizamos para exigir democracia en el sindicato”, cuenta en entrevista. También comenzaron a dibujar la idea de crear otra asociación sindical.

Al día siguiente de su despido acudió a un laboratorio clínico para que le realizaran otra prueba. El resultado fue negativo a cualquier sustancia tóxica. Llevó el comprobante a la planta automotriz, pero de nada sirvió. “Ya no trabajas aquí y hazle como quieras”, le dijeron. Junto con él, despidieron a otros 17 trabajadores.

5 de abril del 2021. La empresa General Motors y el sindicato que dirige Tereso Medina convocaron a la votación del CCT para los días 20 y 21 de ese mes. “Ese día comenzaron a darles un curso sobre cómo sería el proceso. Pero les decían que si votaban por el ‘No’ perderían todos los derechos ganados”, sostiene Israel Cervantes.

“Comenzaron a infundirles miedo, asegurándoles que si rechazaban el contrato la planta podría cerrar”, según le informaron a Patricia Juan. Una semana antes de la votación, Generando Movimiento y el grupo que les apoya solicitaron a la STPS su acreditación como observadores. Pero sólo a ella se la concedieron y fue sólo para el 21 de abril.

El primer día desalojaron “con violencia” a Israel Cervantes y otro grupo de trabajadores y periodistas que querían observar el proceso. Ya había rumores de que el “No” a ese CCT iba ganando, lo cual no les alegró, al contrario. “Quienes aseguraban eso eran los delegados sindicales. ¿Cómo podían ellos saberlo si se suponía que las urnas estaban cerradas?”, cuestiona la abogada.

Patricia Juan nunca pudo entrar a la planta. La empresa no lo permitió y el personal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se limitó a tomar nota, reprocha la activista. Desde dentro, trabajadoras y trabajadores les informaban que directivos de GM les llevaban en grupos a votar. Seleccionaban sólo a quienes no habían mostrado alguna inconformidad y descartaban a quienes lo habían hecho.

“Mientras los conducían les instruían cómo votar. Al llegar, gente que no conocían se paraba junto ellos para verificar cómo votaban”. A algunos les ofrecieron 250 pesos por tachar el “Sí”, dice Patricia Juan. Cerca de las 11 de la noche les llegaron reportes acerca de que dos delegados sindicales fueron sorprendidos sacando boletas de las urnas e introduciendo otras. Pasada la media noche “la STPS me informó que el proceso se suspendía”.

Los peros del proceso

El pasado martes, la administración del presidente Joe Biden activó, de manera directa, el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC. Le pidió a México investigar lo que parecía indicar “violaciones graves” a los derechos laborales.

“Lo celebramos”, dice Patricia Juan sin mucho entusiasmo. Le preocupan varios puntos que, al menos en el comunicado que emitió la STPS, no parecen estarse tomando en cuenta. El primero, “no se habla de mecanismos de protección para los trabajadores, los están amenazando con el despido si votan por el ’No’”.

Tampoco menciona nada sobre una sanción a la empresa por intervenir en un asunto sindical. Este miércoles, GM negó toda intromisión y anunció que contrataría a una persona externa para que investigar lo sucedido.

Está muy bien que se reponga el procedimiento, pero también deben cambiar la forma y el lugar en el que se haga. “Ninguno de estos procesos sindicales debe realizarse en el ámbito ni en las instalaciones de las empresas”. Es ahí donde ellas tienen todo el control, explica Patricia Juan.

Las autoridades de la STPS deben ser muy ubicables, para que las trabajadoras y los trabajadores sepan quiénes son. Deben ser más “proactivas” en su vigilancia.

El Estado hacer valer el principio de autoridad. “No es posible que la STPS me permitió ser observadora, pero la empresa y el sindicato no estuvieron de acuerdo y los inspectores sólo tomaron nota de ello”.

Por último, no le queda claro que si la secretaría les permitirá nuevamente acreditarse para observar el proceso. En su comunicado la dependencia señala que no permitirá la “intromisión de la empresa, el sindicato o de persona ajena a la consulta”.

Tumbar el sistema

En tanto se resuelve esta queja vía el T-MEC, “nosotros seguiremos luchando por la recuperación de nuestros puestos de trabajo”, dice Israel Cervantes. “También por la creación de un nuevo sindicato elegido y dirigido verdaderamente por trabajadores de General Motors”.

Este movimiento prosperó porque “es auténtico de trabajadores que conocen el proceso de trabajo y no están de acuerdo con el control sindical”, considera Inés González. Si algo ha quebrado el corporativismo entre empresas, sindicatos “charros” y anteriores gobiernos es el derecho a elegir, lamenta.

Por eso la lucha que han emprendido desde Silao “puede ser esperanzadora para el movimiento obrero en todo el país”. Pero antes, estos nuevos liderazgos deberán reflexionar qué tipo de sindicalismo quieren hacer y qué van a aportar. Luego, actuar de manera democrática para “verdaderamente contribuir a tirar este viejo sistema que muchas y muchos hemos intentado tumbar”.

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