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Jornaleros agrícolas señalan que el salario mínimo de $160.19 es insuficiente

Jornaleros agrícolas señalan que el salario mínimo de $160.19 es insuficiente
Desde el campo mexicano, las organizaciones de jornaleras y jornaleros seguirán luchando hasta que la Conasami los escuche e incremente el mínimo de su remuneración, el cual calculan en 300 pesos diarios.

En 2015, en el valle de San Quintín, Baja California, más de 70,000 jornaleros y jornaleras agrícolas estallaron una huelga. Entre sus demandas, exigían un sueldo de 300 pesos diarios. Desde otras partes del país, sus colegas se sumaron a ese reclamo. Cinco años después, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) ha fijado un sueldo para ese sector de 160.19 pesos por jornada para el 2021.

Es un paso importante el que por fin se les haya incluido en la lista de salarios mínimos profesionales, dice en entrevista Margarita Nemecio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. Pero definitivamente es insuficiente, agrega.

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La Conasami ha señalado que fijó el monto contemplando el costo de la canasta básica. “Pero una familia jornalera, en promedio, se compone de cuatro integrantes. Con esa cantidad quizá pueden cubrir lo más elemental, pero a muchas personas ni para eso les alcanzará”, agrega.

Para Lorenzo Rodríguez Jiménez, secretario general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA), ese monto “expresa una visión discriminatoria y excluyente”. El gobierno federal “nos presume. Dice que nuestra labor es fundamental para que la gente tenga comida en la mesa, principalmente en tiempos de pandemia. Pero no le da el valor a nuestro trabajo”, asevera.

De acuerdo con el SINDJA, “las personas jornaleras agrícolas representan el 34.8% de la población ocupada y el 75.6% de la población subordinada del sector primario”.

La friega de los surcos

Este jueves fue un día ajetreado para Margarita Nemecio. La noticia agridulce del salario mínimo profesional le trajo más actividades. Antes de responder mi llamada, desde Sinaloa, platicaba con un jornalero quien cumplía cuatro días sin trabajar.

Estos meses el precio del tomate o el chile, productos que se siembran en Sinaloa, “ha bajado demasiado. Se venden hasta en 15 pesos el kilo”, me pone en contexto. “Los patrones dicen que eso no les da ganancia”.

El jornalero con quien la activista charlaba tuvo que conformarse con un trabajo que consistió en limpiar los surcos de un campo. Por cada uno le pagaron 10 pesos, con una jornada de 7 de la mañana a 7 de la noche. “Lo tenemos que agarrar, la hierba estaba tupida y fue mucha friega, pero si no le entramos no hay nada”, le dijo. Y la friega terminó el domingo. Desde entonces ni eso ha tenido.

El salario mínimo no resuelve todos sus problemas, explica la defensora de derechos de las personas jornaleras. “Esto es un tema estructural, la remuneración es sólo un eslabón dentro de toda una cadena”.

De seguridad social ni hablar. En el caso de ese jornalero, con el que estaban otras 16 personas y una familia, “ni siquiera se puede considerar que es un trabajo temporal, es por día y a cada tanto”.

STPS incumple compromisos

Desde el Valle de San Quintín, Lorenzo Ramírez recuerda que el movimiento laboral que iniciaron en 2015. No consiguieron el salario de 300 pesos, pero lograron una mayor organización. El sindicato que lidera agrupa a más de 50,000 personas, 40% son mujeres. Tiene presencia en Baja California, Jalisco, Sinaloa y Ciudad de México.

A pesar de ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no les incluyó en la negociación. Aunque su titular, Luisa María Alcalde, se había comprometido a ello. En 2019, luego de la aprobación de la reforma laboral, se reunieron con ella y pactaron que este gremio sería escuchado, pero no fue así.

“Es una tristeza porque en el Consejo de Representantes no hay personas que, como nosotros, vengan del surco. No hay trabajadores del campo que sepan lo que es estar ahí y que, por lo tanto, nos defienda. Pero seguiremos en la lucha hasta ser escuchados y elevar ese salario”.

La Alianza Campo Justo también solicitó apertura a las autoridades. Esa agrupación está conformada por las organizaciones Fundar, el Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.

“Quizá eso no hubiera cambiado la decisión, pero tienen derecho a ser escuchadas y escuchados. Siempre son la parte ausente”, dice Margarita Nemecio.

Por esto deben tener un mayor salario

Hace 50 años, en 1970, el trabajo del campo se reconoció como una actividad laboral especial en la Ley Federal del Trabajo. “La demanda de un salario mínimo profesional para este sector no es de hace cinco años, de la huelga de San Quintín”. Es de hace mucho tiempo, recuerda la coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.

La Conasami contempla tres tipos de salario mínimo. El general, que está compuesto a su vez por dos variantes: el de la frontera norte y el del resto del país. El tercero es el salario mínimo profesional, en el que se contemplaban 59 actividades. Ahora serán 61 con la integración de la del campo y de las trabajadoras del hogar.

Cuando los trabajadores son despedidos, su liquidación es calculada con base en el salario mínimo, aunque gane más, dice Lorenzo Rodríguez. De los pocos que están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mayoría de ellos están registrados con el mínimo. “Si sufrimos un accidente, la incapacidad se cotiza con ese monto”. La gran mayoría es migrante, por lo que sus gastos aumentan.

Este trabajo implica un fuerte desgaste físico, “estamos en el campo cuando llueve, cuando el aire sopla fuerte, cuando el sol está a todo lo que da, en el frío. Contar con un salario mínimo profesional es una forma de reconocer nuestra labor. En la pandemia, mientras unos pudieron resguardarse y trabajar desde casa, nosotros salimos al campo”.

El salario mínimo profesional “no sólo tiene que ver con mayores estudios o certificación. Es para compensar con al menos una remuneración digna la discriminación, el racismo y la violencia en el que se desenvuelven jornaleros y trabajadoras del hogar”, explica Andrés Peñaloza, expresidente de la Conasami.

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