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Impondrán candados para garantizar prestaciones laborales en outsourcing

Impondrán candados para garantizar prestaciones laborales en outsourcing
Los diputados analizarán un reforma a la Ley Federal del Trabajo para obligar a las empresas que contratan los servicios de outsourcing a velar por los derechos laborales de los subcontratados.

La diputada Graciela Sánchez Ortiz (Morena) presentó este jueves en la Cámara de Diputados una iniciativa para garantizar que las empresas de subcontratación cumplan con otorgar seguridad social y prestaciones laborales a sus trabajadores.

“Hay estudios que sugieren que, del total del mercado de subcontratación, sólo 100 empresas cuentan con registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, de éstas, sólo 40% paga impuestos”, afirma la legisladora en la exposición de motivos.

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Mediante “vacíos legales”, algunas organizaciones han evitado pagar prestaciones sociales y le han negado a sus empleados el derecho a generar antigüedad. También impiden el derecho a servicios médicos, créditos especiales y aportaciones al fondo de retiro, dejando a sus colaboradores sin la protección mínima para la vejez, señala Sánchez Ortiz.

Para combatir lo anterior, propone reformar los artículos 15-B y 15-C de la Ley Federal del Trabajo. Con este cambio legal, las compañías que contraten de otra los servicios de outsourcing serán las encargadas de verificar que esa otra empresa respeta los derechos laborales de los trabajadores.

En el artículo 15-B se añadiría que deben cerciorarse de que la contratista “garantiza los derechos laborales comprendidos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Y en el artículo 15-C se agregaría que debe verificar que cumplen con las disposiciones aplicables en materia de seguridad social y prestaciones laborales.

Para poder corroborarlo, la diputada plantea que la empresa cree una “unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables”.

Reforma laboral pendiente

El outsourcing fue el tema pendiente de la pasada reforma laboral. Algunos legisladores y líderes sindicales se han pronunciado por eliminar ese modelo de trabajo. Otros senadores y diputados han expresado que se inclinan por regularlo mediante modificaciones a la ley.

La subcontratación surgió para “brindar apoyo entre empresas mediante la realización de diversas actividades para generar una mayor productividad”, según la diputada Graciela Sánchez. Algunos estudios, apunta, refieren que una quinta parte de los trabajadores labora bajo ese esquema y otros que hay entre 2.4 y 4 millones de empleados en este modelo.

El mercado del outsourcing tiene un valor “de cerca de 700 millones de dólares”. Sin embargo, “la gran mayoría de las empresas que brindan dicho servicio” lo utilizan para “reducir los derechos laborales”. Algunas eliminan o retienen el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) o de las cuotas de seguridad social, asegura.

Para la legisladora del Estado de México es indispensable reformar la LFT para garantizar y proteger el pleno goce de los derechos laborales a los trabajadores subcontratados. También para regular y vigilar a las compañías dedicadas a la tercerización para que no cometan discriminación laboral.

La contrariedad principal de esta práctica, dice, es que muchas generan “empleos sumamente precarios, inconsistentes y mal pagados y les permite realizar despidos relativamente baratos sin tener repercusión alguna”.

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