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Especialistas advierten riesgos si se elimina el outsourcing, piden regularlo

Especialistas advierten riesgos si se elimina el outsourcing, piden regularlo
Desaparecer la subcontratación tendría un impacto en el empleo, la economía y la productividad del país, alertaron especialistas. Lo ideal sería regularla y dar más herramientas de supervisión a las autoridades.

Un escenario con una restricción total para la subcontratación en México es prácticamente imposible. Esta modalidad, aplicada conforme a la ley, puede ser de provecho, por ello, eliminar la figura traería más perjuicios que beneficios para el mercado laboral, coinciden especialistas.

De acuerdo con TallentiaMX, en México hay 7 millones de personas subcontratadas. El también denominado outsourcing está presente en los centros de trabajo de todos los tamaños, pero esta figura de contratación ha beneficiado en buena medida a las pequeñas y medianas empresas, el 36.7% de la fuerza laboral subcontratada se ubica en la pymes.

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¿Es necesaria alguna forma de subcontratación o toda la tercerización es mala? Reflexiona Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral. “Es una nueva condición en la relación laboral que surgió como consecuencia de cambios tecnológicos y en la organización de trabajo. La subcontratación que responde a esas necesidades, no se puede suprimir, incluso el suprimirla afectaría gravemente la economía del país”, expresa.

Por otra parte, el abogado laborista considera que sí es necesaria una reforma para regular esta figura, porque nunca se aplicaron los candados existentes. “Se dio puerta abierta a la subcontratación plena, incluyendo las evidencias precarizadoras”.

En ese tenor, Isaac Maximino Ibarra Barajas, socio fundador de la firma Ibarra Barajas, opina que “sería un grave error” eliminar la subcontratación, debido al gran número de empresas que dependen de la tercerización para operar correctamente.

Sin embargo, el especialista no descarta que este modelo de contratación requiera de una mayor regulación para evitar simulación y, en consecuencia, daños a los trabajadores.

“Hay que reconocer que se abusó de estas figuras. En un inicio incluso, se llegó a perjudicar muchísimo a los trabajadores. Había empresas que se decían ‘outsourcing’ y realmente no lo eran, pretendían hacer la subcontratación del personal, pero no los daban de alta en el Seguro Social. Se comprende por qué la animadversión del gobierno y la hacienda pública con esta figura, pero lo acertado es legislarlo y ponerle los candados”, expuso Barajas Ibarra.

Para Alfonso Bouzas, la tercerización debe regularse con reglas más claras. “Una primera definición elemental, es que la subcontratación no puede ser para las actividades esenciales de la empresa y así, el margen de la subcontratación se define por la naturaleza de la empresa”.

Óscar de la Vega, socio de la firma De la Vega y Martínez Rojas Abogados, también opina que la tercerización debe tener una mejor regulación para que las empresas no subcontraten a todo su personal.

“Incluso en países en Latinoamérica hay una reglamentación más avanzada y nosotros nos quedamos rezagados”. Sin embargo, el especialista considera que hay suficientes criterios legales para regular la figura, aunque sí ayudaría contar un esquema de certificación coordinado por las autoridades laborales.

Factores de competitividad

En el mundo de la subcontratación, comenta Óscar de la Vega, hay empresas dedicadas al suministro de trabajadores para varias organizaciones y otras empresas que se crean únicamente para administrar la nómina de una sola empresa.

“Esas empresas no se utilizan para evitar integraciones de salario ante el Seguro Social, Infonavit o cumplimientos fiscales. En su inmensa mayoría, el objeto de estos insourcing es hacer competitivas a las empresas por temas de participación de los trabajadores en las utilidades”, explica.

En esa misma línea, Óscar de la Vega detalla que mientras Estados Unidos ha reducido los impuestos corporativos, México los mantiene en 35% y con un reparto de utilidades (PTU) de 10% que impacta la competitividad de las empresas.

“El PTU no está mal, el porcentaje, el mismo de hace 35 años, es el que está mal. Si fuera un porcentaje menor, las empresas no incurrirían en estas empresas prestadoras de servicios, que, aunque sí es cuestionable desde el punto de vista moral, en el aspecto legal son válidas: hay un contrato de prestación de servicios entre las sociedades, no están diseñadas para evadir el pago de cuotas al seguro social o desaparecer antigüedades”, dice el abogado laboralista.

En este tema coincide Ibarra Barajas, el costo social y la carga tributaria impactan demasiado en las empresas, la nómina es uno de los gastos más altos y fiscalmente hay poca deducibilidad.

Figura estigmatizada

“Se ha estigmatizado demasiado al outsourcing”, afirma Isaac Maximino Ibarra Barajas. El subregistro de salarios, el perjuicio a la antigüedad laboral, la omisión de inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el incumplimiento en el reparto de utilidades son algunas de las faltas graves que se le han imputado a la subcontratación. Sin embargo, advierte el especialista, aunque sí hay empresas de tercerización que incurren en estas malas prácticas, éstas no son exclusivas de esta figura, se extienden en todo tipo de empresas.

Por su parte, Alfonso Bouzas considera que “el principal pecador es el gobierno”, pues las instituciones públicas, sin importar su color, han recurrido a la tercerización, pero también a modelos como la contratación de personal mediante honorarios para suplir tareas de trabajadores de base.

Una de las prioridades de la administración Andrés Manuel López Obrador para este año es el combate a la subcontratación simulada. Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha advertido que la tercerización agresiva daña a los trabajadores, a la hacienda pública y a los propios empresarios de outsourcing que sí cumplen con la Ley.

Las autoridades han enfatizado que, pese al marco legal que existe desde 2012 para la subcontratación, nunca se aplicó a cabalidad ni se verificó su cumplimiento. La STPS, el IMSS, el Infonavit y diversos organismos de la Secretaría de Hacienda crearon un grupo interdisciplinario para combatir la subcontratación ilegal.

A pesar de este esfuerzo coordinado, expresó Alcalde Luján, se requieren más mecanismos en la Ley Federal del Trabajo (LFT) para regular esta figura y dar mayores herramientas de supervisión a las autoridades del sector.

El presidente López Obrador anunció que el gobierno trabaja en una reforma para poner más candados al outsourcing y evitar la simulación a través de esta figura. Expuso que el próximo viernes las dependencias del grupo intersecretarial presentarán un informe sobre la subcontratación, poniendo énfasis en las afectaciones que ello significa para los trabajadores y para la Hacienda Pública, que supera los 21,000 millones de pesos de daño al fisco.

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