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Empresarios piden más tiempo para transitar al nuevo modelo de subcontratación

Empresarios piden más tiempo para transitar al nuevo modelo de subcontratación
Representantes patronales insistieron en que la propuesta de reformar del gobierno federal incrementará el desempleo, pero reconocieron que se deben hacer ajustes para terminar con prácticas ilegales.

Representantes empresariales y especialistas pidieron a la Cámara de Diputados hacer ajustes a la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para regular la subcontratación. Entre ellos, llevar su entrada en vigor hasta el 2022, no prohibir la tercerización de personal y medidas para aliviar o eliminar el reparto de utilidades.

En el primer día del parlamento abierto, convocado por las comisiones unidas de Hacienda y del Trabajo en San Lázaro, se escuchó principalmente al sector de empleadores. Una constante en las participaciones fue pedir más tiempo para mudarse al nuevo sistema de subcontratación.

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La iniciativa de reforma que impulsa el gobierno federal instruye a que al día siguiente de su promulgación en el Diario Oficial de la Federación se pongan en marcha los cambios en material laboral y que los ajustes fiscales entren en vigor el 1 de enero próximo.

La propuesta de “eliminación de la subcontratación laboral” y el aumento de la penalización son medidas “exageradas y contrarias a derecho”, sostuvo Raúl Maillard Barquera, presidente de la Comisión Laboral de Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

“Es necesario eliminar las actividades ilegales y abusivas e inaceptables, puesto que perjudican a la hacienda pública”, indicó Elías Micha, director general de TallentiaMX. También dañan a los trabajadores y a las empresas que no pueden hacer frente a una competencia lícita, agregó. Y en ello coincidió la mayoría de la representación patronal.

“Eliminar el outsourcing provocaría un grave daño al mercado laboral”, apuntó el especialista. Este argumento también fue recurrente. “La prohibición es una medida equivocada e innecesaria”, pues arriesgaría a alrededor de 5 millones empleos formales, desestabilizaría las cadenas productivas internacionales y afectaría a todos los sectores de la economía, afirmó Elías Micha.

País con memoria

Raúl Maillard, de la Canacintra, afirmó que trasladar a los trabajadores de una empresa contratante a una contratista no es abusivo. “Si la contratista cuenta con bienes suficientes para hacer frente a sus obligaciones obrero-patronales, debe considerarse patrón”. Sin embargo, el abogado laboralista Alfonso Bouzas indicó que esto impide que generen antigüedad.

“El país tiene memoria”, indicó Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral. Luego de la primera regulación legal de este esquema en 2012, miles de empresas se quedaron sin trabajadores, pues otra compañía les proveyó de esa fuerza laboral, apuntó.

La iniciativa surgida de la Presidencia de la República “impide la simulación de la existencia de una tercera persona”, afirmó. Por esta situación muchos trabajadores que no reciben su salario, o algún otro derecho, no pueden demandar, pues no hay contra quién hacerlo.

También evita que los trabajadores sean afiliados a las instituciones de seguridad social con salarios inferiores al real, añadió. Esta conducta es “fraudulenta, de doble efecto laboral y fiscal”. En resumen, dijo de manera enfática, el proyecto cierra el paso a la subcontratación de personal, la cual sólo ha sido una opción empresarial para precarizar el trabajo.

Este modelo no responde a cambios tecnológicos, tampoco “es resultado de la economía global. Es y sólo es, el viejo esquema de crear las condiciones para intensificar la explotación”.

En cambio, Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), apuntó que las leyes laborales deben proteger, sí, a los trabajadores, pero sin restringir la libre empresa, porque son ellas quienes ofrecen empleos.

No al PTU, coinciden empresarios

Debe permitirse la subcontratación para actividades preponderantes, prioritarias, directas o indirectas, temporales o permanentes, indicó Lorenzo Roel. “Prohibirla viola el derecho de libertad de profesión, industria, comercio y trabajo, consagrado en el artículo 5º constitucional”. Además, atenta contra la permanencia y generación de empleos.

Pidió que el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que regula la sustitución patronal, “no debe inhibir esa figura cuando éste cuente con los bienes o capacidades económicas para responder con sus obligaciones laborales”.

El representante del CCE también recomendó que se ponga un tope al pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa (PTU). De esa manera se podrían “atenuar los efectos de esta reforma”.

Para la Canacintra este pago es una “carga abusiva”. Raúl Maillard solicitó cambiarlo por un bono de productividad, pero sólo para quienes en verdad “fueron productivos”. Así, dijo, las empresas no lo sentirán como abusivo. Las leyes deben ser justas para todos, no sólo para grupo, añadió.

Un punto medio

Sebastián Patiño Jiménez, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), indicó que les llama la atención la desaparición del registro patronal por clase con la propuesta de reforma del Ejecutivo. Se trata de una figura “legal, que permite que patrones y trabajadores coticen de acuerdo con la peligrosidad a la que están expuestos los trabajadores”. Desaparecerlo podría ir contra derechos adquiridos.

La iniciativa del gobierno federal “dista mucho de cumplir con los acuerdos alcanzados con el Senado en 2019”, dijo José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. En ese entonces se aprobaron una serie de reformas en materia laboral y quedó pendiente el tema de subcontratación.

A finales de ese año el dictamen aprobado en la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado para regular la tercerización no llegó al pleno. El descontento del sector empresarial ante lo que consideraron una prohibición de este modelo de empleo llevó a congelar la iniciativa.

Debido a la pandemia de covid-19, México atraviesa actualmente una crisis sanitaria, de empleo y económica, dijo Elías Micha, director general de TallentiaMX . “Busquemos una solución que nos permita retomar las fuentes de trabajo y el rumbo económico”.

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