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Aguinaldo 2022
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Eliminación de aguinaldos de burócratas, puerta para nueva ola de amparos

Eliminación de aguinaldos de burócratas, puerta para nueva ola de amparos
El decreto para recortar "voluntariamente" sueldos y aguinaldos de servidores públicos viola la Constitución, por lo que existen elementos para ampararse en su contra, advierten.

“Terrible, Terrible”, así califica Rodolfo Martínez el escenario de los servidores públicos que podrían quedarse sin aguinaldo el siguiente diciembre después del decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al ser una medida que viola el marco legal, el abogado afirma que los funcionarios pueden ampararse.

Con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el presidente López Obrador oficializó dos de las medidas de austeridad anunciadas el 5 de abril como parte del plan de recuperación económica por el Covid-19: recortar sueldos y eliminar el aguinaldo de los altos funcionarios.

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“Los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de Subdirector hasta Presidente”, dice el decreto en el DOF.

La medida tomada por el gobierno afectará a 179,754 personas, es el número de funcionarios que laboran en la Administración Pública Federal en cargos de subdirector u homólogo y superiores, de acuerdo con el portal de Nómina Transparente. La alternativa que tienen estos servidores públicos, es un amparo contra la eliminación del aguinaldo e incluso, ante el recorte voluntario.

“La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado contempla como una prestación garantizada el pago del aguinaldo, este decreto está violando la Ley. Este decreto, que a todas luces es ilegal e inconstitucional, viene a eliminar el aguinaldo de la compensación garantizada junto con el aguinaldo base”, explica en entrevista Rodolfo Martínez, socio de la firma Trusan & Roma.

Rodolfo Martínez ha promovido amparos de servidores públicos ante el primer recorte de prestaciones como seguros de gastos médicos mayores y ante el candado de 10 años, conocido como la puerta giratoria, para que puedan trabajar en la iniciativa privada en un sector afín a su cargo público. El abogado asegura que con el decreto hay condiciones legales para que los funcionarios se amparen ante el recorte del aguinaldo, porque, además, la Constitución establece que esta prestación forma parte de la remuneración irrenunciable de los servidores públicos.

“Es posible la interposición de un juicio de amparo indirecto en contra del decreto, y no nada más por lo que hace a la eliminación del aguinaldo, sino también ante la presión política que representa la supuesta voluntariedad del servidor público de renunciar al 25% de su salario”, detalla el socio de Trusan & Roma.

Las nuevas medidas de austeridad representan un abuso político e ilegal, califica Rodolfo Martínez. Sin embargo, el abogado considera que el escenario legal no es el único problema para los funcionarios; por otro lado, está el económico, pues el aguinaldo es un recurso que se usa en muchas ocasiones para amortizar gastos del año y, al menos este diciembre, será un recurso que no tendrán en el bolsillo más de 100,000 servidores públicos.

Hasta el momento, los plazos están interrumpidos por el paro de labores en el Poder Judicial por la emergencia sanitaria por el coronavirus, pero una vez que se reanuden las actividades, los amparos pueden ser promovidos, agrega Martínez.

Decreto ideológico

Rodolfo Martínez opina que el decreto, además de ser ilegal e inconstitucional, parece más un “decálogo ideológico”, pues carece de fundamentación y motivación de actos.

“El artículo 16 de la Constitución dice que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, se refiere a fundado cuando estás apoyando tu acto en artículos concretos de la Ley, es decir, que como autoridad te permiten actuar en determinado sentido. Ahora, la parte de motivado, significa que no nada más tienes la autorización de la Ley para actuar en determinado sentido, sino que aparte, existen elementos de razonabilidad objetiva para la emisión de ese acto. Pues bien, este decreto no tiene considerandos y dice que, además, ‘que por una cuestión de consecuencias de la era neoliberal se tiene la necesidad de atender cuestiones financieras’”, cuestiona el especialista.

En un análisis estricto del decreto, puntualiza el abogado laboralista, de Constitucionalidad, de cumplimiento de requisitos de legalidad, de fundamentación y motivación del acto, el decreto no cumple con esto.

“Nosotros pensamos atacar el decreto, no nada más por la afectación a los derechos de los servidores públicos, sino también porque el decreto tiene vicios legales propios. Hacía ya es donde va encaminado. Es un tema que está preocupando mucho a los servidores públicos, parece ser que quisieron aguantar con los dos primeros golpes que tuvieron, pero parece ser que este sí está moviendo mucho a los servidores públicos”, comenta el socio de la firma Trusan & Roma.

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