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Disputas laborales entre México y EU por T-MEC se analizarán en terreno disparejo

Disputas laborales entre México y EU por T-MEC se analizarán en terreno disparejo
El gobierno estadounidense cuenta con mayores mecanismos de supervisión del mercado laboral mexicano en el marco de las reglas del T-MEC y pone más en la mira a las empresas en territorio nacional que en Estados Unidos.

En la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hay una desigualdad estructural en detrimento de nuestro país. La hubo desde su negociación y no se limita al ámbito comercial, se extiende al terreno laboral. Por ejemplo, “99% de las violaciones a los derechos laborales de las empresas estadounidenses” no serán investigadas ni sancionadas.

Ben Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers, ha señalado lo anterior. “No es novedad que exista esa desigualdad”, reconoce uno de los integrantes de la Junta Independiente de Expertos Laborales de México, organismo asesor del gobierno estadounidense.

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El defensor de los derechos laborales participó en una reunión acerca del Informe Interino al Comité Laboral Interinstitucional (ILC, por sus siglas en inglés). El documento fue presentado por la junta de expertos al Congreso de Estados Unidos en diciembre. Y este encuentro virtual fue convocado por el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, de México.

Según Davis, lo dispar que resulta el T-MEC para México y Estados Unidos en materia laboral se muestra claramente en dos puntos. Uno, el mecanismo para presentar quejas por violaciones laborales es sumamente flexible para las compañías estadounidenses, pero no para las mexicanas, que más fácilmente pueden ser investigadas.

Y el segundo, el gobierno estadounidense vigila que México cumpla el T-MEC y las leyes laborales mexicanas, pero de este lado no se hace lo mismo hacia Estados Unidos. “No estamos en un campo de juego con las mismas condiciones. Eso hay que reconocerlo”, apunta el activista estadounidense.

Estados Unidos vigila, México reporta

En el Anexo 31 del T-MEC establece un mecanismo de respuesta rápida entre ambos países. Éste le permite a Estados Unidos, bajo ciertas condiciones, investigar, presentar demandas y sanciones comerciales a empresas que operan en México.

“Supuestamente es un mecanismo paralelo” que le permitiría lo mismo a México. “Pero al leerlo detenidamente vemos que el grupo de empresas sujetas a ese mecanismo es muy limitado”, apunta Ben Davis.

Es posible poner una queja sólo si las Cortes federales en Estados Unidos “determinaron que existe una violación”. Lo que sucederá es que “miles y miles de violaciones de derechos laborales fundamentales en Estados Unidos” continuarán en la impunidad, advierte.

Tal parece que en México “asumen que Estados Unidos sí cumple” los derechos laborales. En cambio, el gobierno estadounidense creó la Junta Independiente de Expertos Laborales de México, conformada por ocho integrantes: cuatro representantes sindicales, dos del Partido Demócrata y dos del Partido Republicano.

Ese grupo, “constituido en la legislación doméstica” ayuda a su gobierno a implementar el T-MEC. Pero también lo asesora en “dos aspectos críticos”. El primero, en cómo México pone en marcha la reforma laboral. El segundo: el uso de los 180 millones de dólares que Estados Unidos le dio a nuestro país justamente para esa reforma.

En México no existe una comisión así que vigile el cumplimiento del gobierno estadounidense de las leyes laborales y del T-MEC. Y “tiene el derecho y el deber de expresar opiniones parecidas sobre Estados Unidos”.

Desequilibrio de poderes

Históricamente no ha habido un piso parejo en las negociaciones comerciales bilaterales, recuerda. Esto se debe en parte a que en México las organizaciones sindicales independientes tienen poca injerencia en los acuerdos, explica.

Pero también a que “en Estados Unidos existe una fuerte supervisión del Congreso” al Poder Ejecutivo en cuanto a tratados comerciales se refiere. En México, es el Poder Ejecutivo quien negocia, señala.

El Senado estadounidense siempre tiene acceso a los textos “y le pone mucha condiciones y restricciones” al gobierno. En cambio, cuando el Senado mexicano aprobó el T-MEC “no tenía una traducción completa del tratado, sino un resumen ejecutivo. Votaron sobre un documento que no muchos no habían leído en su propio idioma”.

Además, en Estados Unidos “hay varias estructuras para la participación civil. Por ejemplo, el comité de asesores laborales”, compuesto por representantes más de 50 de los principales sindicatos.  No tenemos poder de veto” ni tampoco es un proceso realmente democrático, reconoce, “pero hay participación y tenemos un cúmulo de experiencia de más 30 años”.

En México, organizaciones como el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) o la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), alejadas de los sindicatos “charros”, dice, han llevado una larga lucha para democratizar las negociaciones de los tratados. Y si bien han logrado mucho, aún no se les han permitido participar verdaderamente.

“No quiero subestimar la clase obrera mexicana. México tuvo una revolución” impulsada por ese sector y Estados Unidos no, pondera.

La reforma laboral de 2019 representa “un rayo de esperanza para miles y millones de trabajadores que nunca han tenido una participación democrática en sus sindicatos”. Es necesario además “abrir espacios jurídicos e institucionales, pero eso no garantiza que los ocupen de la manera para la cual fueron diseñados”.

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