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Desaparecer autónomos pondría en riesgo 2,635 plazas y perfiles especializados

Desaparecer autónomos pondría en riesgo 2,635 plazas y perfiles especializados
La posible absorción del INAI, IFT y Cofece por el gobierno federal podría afectar a los servidores públicos en sus sueldos y prestaciones; especialistas prevén un escenario laboral complicado si avanza la reforma.

La propuesta que prepara el gobierno federal para absorber a algunos organismos autónomos pone en riesgo a 2,635 trabajadores y sus condiciones laborales. Ese es el número de servidores públicos que laboran en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó la semana pasada que el gobierno alista una iniciativa para que las funciones del Inai, el IFT y la Cofece sean absorbidas por el gobierno, con el argumento de austeridad y eficiencia. En ese sentido, el mandatario aseguró que, en el ajuste, se respetarán a los trabajadores de estas instituciones y no se realizarán despidos.

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Sin embargo, la fusión de los organismos autónomos con la administración pública federal supone varios escenarios para los servidores públicos que trabajan en ellos, una buena parte con perfiles altamente especializados. Los salarios y las prestaciones de estos burócratas pueden ser una moneda al aire, subrayan especialistas.

De acuerdo con la información proporcionada por estas entidades para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, en el IFT laborarán este año 1,428 funcionarios; en el INAI, 755; y en la Cofece, 452.

En el mejor panorama, el esquema de transición de una reforma de este tipo contemplaría que a los servidores públicos de estos organismos se les respetarán sus sueldos y prestaciones una vez que se realice la absorción, dice Rodolfo Martínez, socio de la firma Trusan & Roma. En este escenario, no habría ninguna violación en materia de derechos laborales.

Pero la política de austeridad a la que sí están sujetos en la administración pública, aplicada en estricto sentido, sí dejaría a algunos burócratas con un recorte en sus sueldos y prestaciones y, sin la protección de los amparos actuales, porque perderían efecto, expone el también catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“A la hora que los pasen a la administración pública federal, habría que ver cómo van a frasear el tema de los derechos adquiridos, porque, por un lado, está la política de austeridad del gobierno; por el otro, tendríamos que atender a las propias disposiciones de la Constitución en el sentido de que nadie puede ganar más que el presidente, tendría que ajustarse al tabulador para el gobierno federal”, comenta el especialista.

En el 2021, el sueldo del presidente es de 112,222 pesos mensuales (una variación de 0.12% con respecto al 2020), el INAI es el único organismo autónomo con percepciones por debajo de la remuneración el titular del ejecutivo. Mientras tanto, entre el IFT y la Cofece hay al menos 10 tipos de plazas con salarios superiores.

Escenario de contradicciones

Desde la perspectiva de Manuel Fuentes Muñiz, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el escenario más sencillo será que estos organismos autónomos se conviertan en organismos desconcentrados ligados a una dependencia federal, lo cual implicaría que las relaciones laborales estén sujetas al Apartado B del artículo 123 de la Constitución.

“No habría mucho cambio en las relaciones laborales. Hay una disposición en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en la que se establece que, el cambio de patrón, no alterará sus relaciones laborales ni sus prestaciones”, acota el abogado laboralista.

Pero aún con este candado en la ley que regula las relaciones laborales en la administración pública, la política de austeridad dejaría a los servidores públicos de los organismos autónomos en un posible escenario de reducción de sueldos.

Si las prestaciones y los salarios se reducen, Manuel Fuentes considera que se estaría dañando los derechos de los burócratas. “Una disminución de los derechos laborales representaría una afectación al principio de progresividad o bien, a los derechos adquiridos que se sustentan en el artículo 1 y 123 de la Constitución, respectivamente”.

En ese punto coincide Rodolfo Martínez, quien también subraya que la desaparición del INAI, el IFT y la Cofece podrían afectar los derechos de los servidores públicos, pero también los de la propia ciudadanía.

Tanto el Instituto Nacional de Transparencia, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica son organismos con autonomía constitucional, eso significa que para desparecerlos se debe realizar una reforma a la Constitución, la cual tiene que ser avalada por tres cuartas partes de ambas cámaras del Congreso de la Unión y ratificada por la mitad más uno de los congresos locales.

Uno de los casos más emblemáticos de órganos reguladores que se han ajustado a las políticas del gobierno federal es el de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), un organismo que no posee autonomía constitucional. Debido a los recortes en su presupuesto, la comisión ha reducido casi la mitad de su plantilla laboral en la presente administración.

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