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De sembradores de árboles en Centroamérica a jornaleros precarios en EU

De sembradores de árboles en Centroamérica a jornaleros precarios en EU
El plan para detener la migración forzada y desorganizada de Centroamérica a Estados Unidos es replicar el programa de visas H2A. Un esquema de trabajo temporal que ha permitido estafas por más de 60 millones de pesos.

El gobierno mexicano buscará que Estados Unidos abra para Centroamérica un programa de trabajo agrícola temporal similar al que tiene con México. Sin embargo, ese esquema de empleo con visas H2A ha se ha prestado para la violación sistemática de derechos humanos de las personas migrantes.

Antes tendría que ser modificado, “no podemos continuar así, tiene que haber un cambio en Estados Unidos y en México”, señala Teresa Romero, presidenta de la Unión de Campesinos (UFW, por sus siglas en inglés). La activista sindical participó en una conferencia virtual desde aquel país para hablar sobre las mejores prácticas laborales transfronterizas.

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Indicó que los abusos contra trabajadoras y trabajadores en ambos lados de la frontera son constantes. Por ello es urgente “traerles de forma segura, sin cobros ilegales por la visa o por el trabajo, que no contraigan una deuda” para poder laborar.

Desde su fundación en 2011, el Consejo de Normas Alimentarias Justas (FFSC, por sus siglas en inglés) ha apoyado a 40,000 personas trabajadoras migrantes en el sector agrícola, principalmente. Esa organización está presente en 8 estados de la Unión Americana a través del Programa por Comida Justa.

“Aún falta mucho” para abarcar a si quiera la mayoría, reconoce Laura Safer Espinoza, directora ejecutiva del FFSC. Cada año, más de 3 millones de personas laboran en los campos de Estados Unidos, según el Proyecto de Empoderamiento Alimentario. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene registradas a una decena de empresas dedicadas a reclutar jornaleros mexicanos, pero en la práctica operan cientos de ellas, apuntó Teresa Romero.

Aunque tienen el derecho, sólo 2% de las personas trabajadoras agrícolas en Estados Unidos está sindicalizada, señaló Laura Safer Espinoza. “Los trabajadores migrantes son los más vulnerables en todo el mundo”, reconoció Jon Esformes, director de operaciones Productores de Tomate del Pacífico, en Estados Unidos.

Tres años de sembrando vida y luego

El canciller Marcelo Ebrard informó en su cuenta de Twitter que el próximo 7 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá una reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris. Adelantó que el mandatario tratará la propuesta para “extender el programa Sembrando Vida a Centroamérica para hacer frente a la migración forzada por la pobreza”.

El jueves pasado, en la inauguración de la Cumbre de líderes por el clima, convocada por el presidente estadounidense Joe Biden, López Obrador le pidió a su homólogo financiar este programa. Se trata de sembrar árboles maderables para reforestar zonas que han sido afectadas por la tala excesiva y el cambio climático, un resultado de lo primero. En México, las personas inscritas reciben 5,000 pesos mensuales.

El plan amplio del presidente mexicano es que luego de tres años de labor en la reforestación, esas personas “tengan el derecho automático a una visa de trabajo de seis meses en Estados Unidos”.

Desde hace varios años, mediante la visa H2A personas empleadoras en Estados Unidos pueden contratar a personal en México para trabajar en sus campos. Abuso físico y verbal, robo de sueldos “son trágicamente comunes” en este sector de trabajadores migrantes, señaló Laura Safer Espinoza. Y, en casos extremos “hay labores forzadas o abuso sexual”.

En 2001 la Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW, por sus siglas en inglés), formada por migrantes de México, Guatemala y otros países de Centroamérica, lanzó la Campaña por Comida Justa para educar a los consumidores sobre la explotación detrás de la comida que se consume.

De esa iniciativa surgió en 2011 el Programa por Comida Justa. Éste integra a sindicatos y empresas, a las que les otorga una certificación de que sus productos agrícolas no han sido producidos bajos condiciones laborales indignas o ilegales. Comenzó en Florida y ahora se ha expandido a otros siete estados, narró Laura Safer.

Mecanismo de denuncias, la clave

Cada vez hay más granjas que se suman y se sujetan a reglas de auditoría e inspección laboral del Programa por Comida Justa, dijo Jon Esformes. Pero sigue habiendo muchas empresas “subcontratistas oficiales y extraoficiales”.

Su compañía, desde hace varios años, recluta a personas mexicanas de manera directa. Personal de Recursos Humanos viaja a México para realizar o supervisar los trámites en la STPS, aseguró.

“Pero no somos la autoridad, ni somos expertos investigadores”, hay muchas más empresas ilícitas que ilícitas, señaló. De 2005 a 2019, el Centro de Derechos del Migrante (CDM) documentó fraudes en el reclutamiento a cerca de 7,000 jornaleras y jornaleros en México. Las tarifas que les cobraron por conseguirles empleos en Estados Unidos superó los 60 millones de pesos en ese periodo. Pero esos trabajos no existían.

El empresario apuntó que para erradicar esas prácticas, en su empresa cortaron todo vínculo con “los subcontratistas”. “Eso nos permitió estar más cerca de los trabajadores y descubrir a quienes estaban de manera informal”.

La lucha organizada y las alianzas con empresas comprometidas ayudará a eliminar abusos, coincidieron los tres. Pero todo ello sin un mecanismo efectivo de denuncia de poco servirá, opinó Jon Esformes. Algunas compañías incluso tendrán un código de ética laboral, pero sin una vía para denunciar abusos de poco servirá, insistió.

Para él, la mejor arma es que las trabajadoras y los trabajadores migrantes conozcan sus derechos. “Las autoridades o la fuerza del orden público poco pueden hacer en un mundo culto. Por eso este programa (por Comida Justa) ilumina estos espacios ocultos”.

Además, agregó, debe haber una presión, ya sea de las autoridades, de las organizaciones o de los propios consumidores. “El cambio es incómodo, pero cierto nivel de confrontación es necesario”. Una confrontación que habrá que sostener para mejorar el programa de visas H2A para personas mexicanas y, de ser el caso, de centroamericanas.

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