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De población trabajadora a “ciudadanía laboral”, el gran desafío para México

De población trabajadora a “ciudadanía laboral”, el gran desafío para México
La reforma del 2019 puso las bases para que las trabajadoras y los trabajadores sean el centro del mundo laboral, pero ahora hace falta que ellas y ellos conozcan y defiendan sus derechos, coinciden especialistas.

Una vez aprobada la reforma en materia de trabajo en México, lo siguiente es avanzar en la construcción de una ciudadanía laboral. Y para lograrlo se necesita que “las personas trabajadoras se hagan cargo de sus derechos” y que la democracia sindical no quede en la elección de la dirigencia, sino en la participación activa gremial, plantea el académico Pablo Franco Hernández.

De acuerdo con la investigación La libertad y la democracia: Principio y corazón de los sindicatos, presentada este martes por el especialista, la ciudadanía laboral también significa pasar de la relación de subordinación a una de igualdad entre personas trabajadoras y empleadoras. El reporte forma parte de la campaña “Más reformas, mejor trabajo”, emprendida por la Red de Mujeres Sindicalistas.

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Este concepto implica la “autotutela” de los derechos y conquistas laborales. Es decir, que las personas en un empleo tengan pleno conocimiento y goce de sus garantías, y que defiendan el ejercicio de sus derechos. La reforma del trabajo de 2019 puso las bases para ello, pues además de un nuevo sistema de justicia en el trabajo creó reglas para la democratización sindical.

Esos cambios causaron una suerte de parálisis a muchas dirigencias gremiales, dijo, pues muchas “no saben cómo actuar”. Recordó que el año pasado algunos sindicatos interpusieron juicios de amparo para evitar prácticas democráticas, como la elección por medio del voto directo, libre y secreto.

“Pero tampoco las personas trabajadoras han acabado de entender ni de hacer suya la reforma”. No la ven como un instrumento que les ayude a materializar la aspiración de un trabajo digno y decente, lamentó.

Rosario Ortiz, integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas, apuntó que cuando se habla de libertad y de democracia sindical, parece “como si fuera un espacio sólo del mundo masculino”. Por lo tanto, la reflexión sobre el tema debe “colocar de manera permanente” los derechos de las trabajadoras.

Si bien la reforma obliga a que las dirigencias estén integradas por una paridad de género, los legisladores “se quedaron cortos”. Pudieron extender esta acción hacia otras comisiones, “pero es un buen comienzo”.

Información para que no te vean la cara

“No se puede tener república en las calles y monarquía en las fábricas”, señala el Pablo Franco en su estudio, citando al pensador y político francés Louis Blanc. Y en México, “el mundo del trabajo resulta antidemocrático”, pues la libertad sindical no ha podido ejercerse a cabalidad.

En el evento virtual, Joyce Carol Sadka, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), adelantó los resultados de un estudio que coordina en el Departamento de Derecho de esa organización.

Luego de analizar más de 1,500 contratos colectivos y ubicar entre ellos a los que son de protección patronal, encontró que estos últimos ofrecen muy pocos beneficios a las trabajadoras y trabajadores. Parte de lo que halló es que son documentos muy breves, permiten pocas revisiones salariales, pocas vacaciones, entre otros puntos.

Con la nueva reforma laboral, los trabajadores y las trabajadoras van a elegir directamente a sus dirigencias, van a dar el aval de que en verdad éstas representan al gremio. También les deben dar a conocer el contrato colectivo, les deben informar los resultados de la negociación y serán quienes finalmente decidan si se acepta o no.

De acuerdo con Pablo Franco, el 90% de los contratos colectivos en el país son de protección patronal. Es decir, que la base trabajadora no autorizó esa negociación ni ese convenio, sino que fue un arreglo entre las añejas dirigencias y las empresas, a conveniencia de sólo esas dos partes. Por lo que se generará un gran vacío de convenios, que se deben llenar con formas democráticas.

“La clave es que el trabajador sepa que le están viendo la cara cuando se la están viendo”, apuntó Joyce Sadka. La evidencia demuestra, agregó, que cuando se le informa, toma acción, “no importa el nivel de educación” que tengan. Por ello, los esfuerzos se deben enfocar a que sepan y eniendan los alcances de la reforma.

La corrupción, siempre la corrupción

Para Susana Prieto, abogada y activista por los derechos humanos laborales, se necesita más que información para avanzar en estos temas. A la reforma le hace falta prever sanciones a los patrones que “hostigan, amenazan e intimidan” a las personas que quieren salir de un sindicato corporativista, es decir, ligado a las empresas, para crear uno nuevo o afiliarse a uno independiente. Las sanciones deben incluso ser privativas de la libertad, propuso.

La doctora en Derecho y activista estuvo presa durante casi un mes en un penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, “por emprender una lucha en favor de quienes trabajan en la industria maquiladora”. La corrupción en la justicia laboral es otro impedimento para la libertad sindical, a pesar de la reforma laboral, indicó.

Al menos en Tamaulipas, expuso, no hay manera de que los trabajadores soliciten ser dados de baja de un sindicato sin que les despidan. Cuando lo piden antes las instancias competentes, “antes de que te pongan el sello de recibido, le llaman a la empresa para avisarle”.

El movimiento sindical ha perdido legitimación y representación, dijo Pablo Franco. Con el modelo neoliberal implantado en México en los años 80, los sindicatos dejaron de ser un grupo organizador de la clase trabajadora. A partir de entonces se volvieron en grupos “corporativistas”.

La precarización del trabajo ha sido resultado también de la falta de democratización en los sindicatos, indicó el autor del reporte. Sin embargo, la coyuntura del cambio político, con un nuevo gobierno, dio una pauta para entender el ejercicio del poder de manera distinta, sostuvo.

A nivel nacional, México debe pasar de una democracia nominal a una participativa, apuntó. O sea, de sólo votar para elegir quién dirige el país, a fiscalizar a las autoridades y proponer y ejecutar soluciones. Ese mismo cambio, subrayó, es urgente en los sindicatos.

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