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De confianza o no, burócratas deben recibir pago por horas extras de trabajo: SCJN

De confianza o no, burócratas deben recibir pago por horas extras de trabajo: SCJN
La Suprema Corte emitió jurisprudencia para proteger el pago de horas de extras de todos los servidores públicos, aunque su jornada laboral pactada sea inferior a la establecida en la Constitución.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) blindó, a través de una jurisprudencia emitida este fin de semana, el derecho de los servidores públicos a recibir el pago de horas extras cuando su trabajo exceda la jornada laboral pactada en su nombramiento o condiciones generales de trabajo, aunque se trate de personal de confianza.

Al igual que en el sector privado, los trabajadores al servicio del Estado tienen una jornada máxima que, en caso de excederse, debe compensarse por concepto de horas extras. Este lineamiento es aplicable incluso si la servidora o el servidor público tiene pactadas jornadas laborales menores a las establecidas en la legislación vigente, porque dicho acuerdo es en favor de “una mejora a las condiciones de trabajo” y no da pie a que si se excede no deban pagarse las horas extras, aclaró la SCJN.

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“Por tanto, si en el juicio laboral se demuestra que la parte trabajadora efectivamente laboró más allá de la jornada establecida en su nombramiento o en las condiciones generales de trabajo, tendrá derecho al pago de horas extras aun cuando éstas no excedan los máximos legales”, se establece en la jurisprudencia.

Con este recurso, la Corte resolvió una contradicción de tesis entre tribunales y determinó que en este tema los jueces deben fallar en favor de los servidores públicos que demanden el pago de sus horas extras cuando así haya sido requerido.

Rayo de esperanza

“La jurisprudencia de la Corte sienta un precedente muy importante, porque desafortunadamente en el servicio público, durante años se presentó una actitud de ponerse la camiseta. Lo que la Corte hace es validar principios generales en materia de Derecho Laboral”, afirma Rodolfo Martínez, socio de la firma Trusan & Roma.

Desde la perspectiva del abogado laboralista, en el sector público el exceso de la jornada laboral es una práctica común, que afecta en especial a los trabajadores de confianza, que no promuevan una incidencia de horas extras, un recurso recurrente entre la fuerza laboral sindicalizada y la de base.

Martínez considera que la resolución de la SCJN es extensiva para los burócratas de confianza porque también son parte de los trabajadores al servicio del Estado.

Al respecto, Manuel Fuentes Muñiz, profesor investigador de la Universidad Autónoma de México (UAM), considera que “el trabajador de confianza es el más desprotegido en el sector público, porque llega a trabajar hasta 14 horas diarias en promedio”. La jurisprudencia de la Corte, coincide, también los protege a ellos.

Acreditar las horas extras no es sencillo, expone el especialista, porque algunos burócratas registran sus salidas con huella digital y, en algunos casos, pueden registrar el fin de su jornada de trabajo y continuar laborando a petición del jefe. Pero no es imposible demostrar que se excedió el tiempo pactado en sus condiciones generales o nombramiento, el uso de la computadora puede ser una opción.

Protección constitucional

El apartado B del artículo 123 de la Constitución, que regula las relaciones de trabajo en el sector público, establece que la jornada laboral diurna será de máximo ocho horas diarias, mientras que la nocturna, de siete horas.

“Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas”, se estipula en la fracción I del apartado B del artículo 123 de la Carta Magna.

A pesar de ello, la resolución de la Corte es una muestra de que en el servicio público no se ha respetado el pago de horas extras, opina Manuel Fuentes.

El gobierno es el patrón más conflictivo a nivel federal, tan sólo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el 70% del rezago de casos acumulados corresponde a dependencias públicas.

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