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Recorte de sueldos y aguinaldos de burócratas, inconstitucional y contradictorio

Recorte de sueldos y aguinaldos de burócratas, inconstitucional y contradictorio
El gobierno federal llamó a los empresarios a no recortar sueldos y respetar las prestaciones, pero en su rol de patrón está haciendo todo lo contrario, coinciden especialistas.

Hace unos días el gobierno era el encargado de aclarar que no había fundamento legal para recortar salarios o separar trabajadores, eran las propias autoridades que pedían respetar los sueldos y prestaciones, y exhortaban a llegar acuerdos entre patrones y trabajadores. Ahora la mala práctica patronal la ejecuta el gobierno al hacer oficial la eliminación del aguinaldo y la disminución de los salarios para algunos servidores públicos.

Abogados laboralistas coinciden en que, además de violar la Constitución y la legislación laboral vigente, con esta medida el gobierno federal cayó en una contradicción entre lo que pide a los patrones del sector privado y lo que hace con sus propios trabajadores.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó este jueves el decreto en el Diario Oficial de la Federación con el que se bajan los sueldos de manera “voluntaria” y se elimina el aguinaldo de subdirectores, directores, directores generales adjuntos, directores generales, jefes de unidad, subsecretarios, secretarios y del propio titular del Ejecutivo.

“No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal; de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% de manera progresiva. Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De la misma forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de Subdirector hasta Presidente”, expresa el Primer Mandatario en el documento.

De acuerdo con el portal Nómina Transparente, actualmente hay 179,754 servidores públicos en cargos de subdirectores u homólogos y superiores que serían afectados con estas medidas.

Esta decisión ¿en qué posición pone al gobierno como patrón? Para Óscar de la Vega el anunció es contradictorio entre lo que exige el Jefe del Ejecutivo y lo que promueve la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Si bien es cierto que muchas empresas han acordado con sus trabajadores restructurar los sueldos de manera temporal, al menos en el gobierno federal parece una decisión de manera unilateral, dice el socio de la firma De la Vega & Martínez Rojas.

“Hay derechos laborales mínimos que son irrenunciables. Es ilegal e indebido pactar prestaciones inferiores a los mínimos legales. En el tema del salario también, no hay forma de que se pueda reducir unilateralmente porque se generarían consecuencias jurídicas, sería la modificación unilateral de las modificaciones de trabajo y generaría una recisión de contrato imputable al patrón”, explica en entrevista el abogado laborista.

El artículo 127 de la Constitución establece que la remuneración de los servidores públicos es irrenunciable y el aguinaldo forma parte de esta. Mientras que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, determina que esta prestación debe equivaler a 40 días de salario, por lo menos.

Candados inviolables

En ese sentido, el abogado Eric Roel considera que el aguinaldo de los servidores públicos podría reducirse, pero sólo si hay casos que éste exceda los 40 días que marca la legislación, pero la prestación no se puede eliminar por completo. La Constitución, aclara, no permite que se disminuyan los derechos elementales de los trabajadores de forma unilateral.

“Es una disposición Constitucional y está establecido expresamente que los aguinaldos y las gratificaciones no se pueden disminuir sean locales o federales, no importa el carácter que tengan. Hay una violación tanto a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y aparte, hay una violación al artículo Constitucional”, comenta el socio de la firma César Roel Abogados.

Al igual que Óscar de la Vega, Roel afirma que la decisión del gobierno es una contradicción a lo que se le ha pedido al sector privado: proteger los sueldos y prestaciones.

“Uno tiene que predicar con el ejemplo. Si uno aplica medidas que le está diciendo a otros que no las apliquen, ¿cómo va a ser posible? Sería tanto como decirles a los empresarios: bajen prestaciones y quítenle aguinaldo a la gente”, cuestiona Eric Roel.

Cadena de afectaciones

Rodolfo Martínez, socio de la firma Trusan & Roma Abogados, también opina que el anunció del presidente López Obrador es contradictorio a lo que se les ha pedido a los empresarios e incluso, es la continuidad de una política de afectación a servidores públicos.

“Da margen a una continuidad en la política de afectación a derechos adquiridos de servidores públicos. No puedes tú ser candil de la calle y oscuridad en tu casa, no puedes decirles a los patrones ‘no les dejes de pagar, no les recortes prestaciones, pero aquí yo lo hago’, no puede ser que al servidor público le sigan cargando fiscalmente las irresponsabilidades en el manejo económico de este país”, acota Rodolfo Martínez.

Para el abogado laboralista, el gobierno sólo podría quitar el aguinaldo basado en la compensación garantizada, pero no en el sueldo. A pesar de ello, no deja de ser un derecho adquirido con el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el cual, han venido recibiendo año con año los servidores públicos.

Por ello, Martínez advierte que los burócratas pueden ampararse ante esta decisión y el gobierno estará obligado a cumplir esta prestación a fin de año.

En tanto, Óscar de la Vega asegura que los servidores públicos están en su derecho de exigir el pago de su aguinaldo y el sueldo íntegro y la autoridad, como patrón, tendrá que respetar la postura de sus trabajadores.

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