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Cambios propuestos para el retiro de los trabajadores, ¿avance o retroceso?

Por: Karen Dávalos* y Vanessa Hernández**⎮ Universo Capital Humano 06 Oct 2020
Cambios propuestos para el retiro de los trabajadores, ¿avance o retroceso?
México aún está a tiempo de enfrentar las deficiencias del sistema de pensiones de 1997, porque de no actuar pronto, las consecuencias podrían ser de grandes dimensiones y de impacto social profundo.

La seguridad social es un término que se refiere al bienestar de las y los ciudadanos y sus componentes básicos son el acceso a servicios de salud y la pensión de los trabajadores. Recientemente el gobierno federal anunció una propuesta de reforma al sistema de pensiones que quizá es una de las principales y más importantes reformas del sexenio. 

En 1992 se creó el Sistema de Ahorro para el Retiro. Todos los sistemas de pensiones en el mundo están regulados en las leyes de cada país, en las cuales se establecen las fuentes de donde se obtendrán los recursos para financiar las pensiones que recibirán los trabajadores en su retiro. Dichas fuentes son el propio trabajador, su empleador y el gobierno.

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En México, con la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en 1992, las aportaciones para financiar las pensiones de los trabajadores estaban reguladas por las Leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Asimismo, las pensiones se regían por el sistema de reparto, en el que los trabajadores en edad de jubilación recibían una pensión financiada por todos los trabajadores activos y por el gobierno. La necesidad de la individualización de recursos nació pocos años después debido a la carga fiscal que a largo plazo resultaría insostenible a causa del envejecimiento poblacional (mayor número de trabajadores retirados requiriendo la aportación social del gobierno para su pensión).

1997, llegan las Afores

Conforme se profundizaron los cambios demográficos, en 1997 se reformó el sistema y la modificación más importante a la Ley del Seguro Social fue que las pensiones estuvieran gestionadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), siendo la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) el organismo encargado de su regulación. Desde entonces este modelo no ha sido reformado, por lo que continúa vigente.

El SAR se encarga de asegurar que las aportaciones de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno sean administradas a través de cuentas individuales que son propiedad de cada trabajador, de manera que quienes estén afiliados al IMSS poseen una cuenta de este tipo con el objetivo de acumular recursos para financiar su pensión que recibirán cuando se retiren del mercado laboral.

Se precisa que las Afores, además de administrar las cuentas de los trabajadores registrados en el IMSS, también administran las cuentas de los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las de los trabajadores independientes y las de aquellos que no están registrados en una Afore y que fueron asignadas a una para que administre sus recursos.

De acuerdo con datos de la Consar, en diciembre de 1997 había 11.2 millones de cuentas administradas por las Afores, siendo todas de trabajadores afiliados al IMSS. Transcurridos casi 23 años, al cierre de julio de 2020, había 67.2 millones de cuentas administradas por las Afores, de las cuales 46.1 millones corresponden a trabajadores registrados en el IMSS, 1.8 millones a trabajadores registrados en el ISSSTE, 332,000 a trabajadores independientes y 18.9 millones a trabajadores que fueron asignados.

Hoy en día hay más de 67 millones de cuentas administradas por las Afores, de las cuales el 68.6% corresponde a trabajadores registrados en el IMSS. Se espera que en el 2021 quienes forman parte de la primera generación del sistema de pensiones de 1997 alcancen en promedio los 65 años de edad, con lo cual habrán cumplido uno de los requisitos que establece la ley para pensionarse. Sin embargo, prácticamente todos ellos se verán obligados a seguir trabajando más tiempo debido a que no cumplirán con el tiempo de cotización (1,250 semanas de cotización o 23.9 años de trabajo formal) suficiente para su retiro.

Por tanto, algunas de las razones por las que resulta necesaria una reforma son que las próximas generaciones de trabajadores podrían enfrentar problemas relacionados con el tiempo de cotización y el nivel de aportaciones (densidad de cotización), además el modelo vigente es incosteable fiscalmente y no abarca a la totalidad de los trabajadores mexicanos, dados los altos niveles de informalidad y el desempleo en el que el trabajador comúnmente se encuentra.

Diversos estudios señalan que México aún está a tiempo de enfrentar las deficiencias del sistema de pensiones de 1997, porque de no actuar pronto, las consecuencias podrían ser de grandes dimensiones, no solo para las próximas generaciones de trabajadores, sino también para las finanzas públicas.

23 años después, reforma pensionaria

El 22 de julio de 2020, el gobierno de México anunció una propuesta para reformar el sistema de pensiones de la Ley del Seguro Social con el objetivo de aumentar la pensión que ofrece el SAR a los trabajadores afiliados al IMSS, la cual fue enviada formalmente a la Cámara de Diputados a finales de septiembre.

La propuesta se construyó con el consenso de los trabajadores, los empleadores y el gobierno, a favor de un incremento significativo a las pensiones que tendrán acceso los empleados que empezaron a cotizar bajo la Ley de 1997 con el esquema de las Afores, así como los nuevos que se incorporen al trabajo formal después de la reforma.

Cabe señalar que el sistema de seguridad social en México está integrado por diversas instituciones que gestionan distintos sistemas de pensiones, entre ellas están el IMSS, ISSSTE, PEMEX, CFE, ISSFAM, institutos estatales y universidades públicas. Sin embargo, la propuesta de reforma está enfocada solamente en las pensiones del IMSS que gestionan las Afores.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las tres características principales de la propuesta de reforma son:

» 1. Aumento en las aportaciones para el retiro. Se incrementarán las aportaciones tripartitas de 6.5% a 15% del salario, las cuales se llevarán a cabo de manera paulatina a lo largo de ocho años, siendo la contribución patronal la que se incrementará de 5.15%, vigente en la actualidad, hasta 13.87%.

» 2. Disminución del requisito de semanas de cotización para alcanzar el derecho a la pensión. Se reducirán de 1,250 a 750 semanas el requisito para alcanzar una pensión garantizada y posteriormente se elevará gradualmente, en un periodo de 10 años, a 1,000 semanas.

» 3. Incremento en el valor de la pensión mínima garantizada. Se incrementará el valor de la pensión de un promedio actual de 3,289 pesos a un valor promedio de 4,345 pesos, que se otorgará en función de la edad, las semanas cotizadas y el salario base de cotización.

Críticas a la propuesta de reforma

Pese a que la reforma al sistema de pensiones que analizarán los legisladores en el presente periodo ordinario de sesiones cuenta con el respaldo de una parte de la iniciativa privada, su contenido no ha sido ajeno a las críticas de especialistas en la materia. Éstas son las principales:

Reforma incompleta

La principal crítica a la propuesta de reforma es que no contempla a la totalidad de los trabajadores, ya que sólo está enfocada en aquellos que laboran en el sector privado y que están asegurados en el IMSS, por lo que no constituye una reforma integral de amplio alcance, que abarque a todos los subsistemas de pensiones, especialmente a los trabajadores del gobierno federal (PENSIONISSSTE).

Informalidad

Otra de las críticas esenciales a la propuesta de reforma es que su diseño se basa en la segmentación del mercado laboral, diferenciando entre trabajadores formales e informales, quedando estos últimos excluidos de la seguridad social. Con base en ello, la propuesta no resuelve el problema de fondo que es la informalidad laboral debido a que sólo 20 millones de trabajadores cotizan al IMSS, excluyendo así a 32 millones de trabajadores informales.

Costo de la contratación formal

Otra crítica importante es que se desincentivaría la contratación formal dado que elevaría los costos laborales para las empresas. En este sentido, el costo de contratar a una persona de manera formal se elevaría hasta en un 8.7% de acuerdo con el economista Santiago Levy, por lo que el posible encarecimiento del empleo formal podría repercutir sobre los salarios de los trabajadores ya que el empleador ajustaría su aportación a la pensión.

Costo fiscal

Se ha mencionado y analizado que una reforma con tales características implicaría un costo fiscal importante debido a que aumentaría la cobertura del número de pensionados y los recursos que requerirá aportar el gobierno. Esto se deriva de que el presupuesto que se tiene contemplado para el pago de pensiones sea de más de 1 billón de pesos a partir del 2021, de acuerdo con la SHCP, lo que representa un gasto superior al destinado a otros rubros, como salud, educación o infraestructura.

Es indispensable adaptar el sistema de pensiones vigente a las necesidades actuales. Para ello, se requiere una discusión cautelosa debido al rápido envejecimiento de la población, la marcada segmentación del mercado laboral que está caracterizada por altos niveles de informalidad laboral y por la multiplicidad de subsistemas pensionarios. Algunas propuestas más amplias están encaminadas a transitar hacia un sistema de pensiones incluyente que permita a los trabajadores informales participar en la economía formal.

*La autora es Licenciada en Economía por la UNAM y  y analista económica de TallentiaMX.

**La autora es Licenciada en Ciencia Política por la UAM  y analistas económica de TallentiaMX.

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