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Blindan implementación de reforma laboral ante recortes de austeridad del gobierno

Por: Gerardo Hernández y Pilar Martínez 27 Jul 2020
Blindan implementación de reforma laboral ante recortes de austeridad del gobierno
La política de austeridad no representa un riesgo para el presupuesto de la reforma laboral, nuestro país tiene el compromiso internacional de implementarla a partir de este año, aclaró la Secretaría del Trabajo.

El presupuesto para la implementación de la reforma laboral está blindado y, a pesar de que el gobierno puede realizar ajustes en el “gasto corriente” de las dependencias, los recursos públicos destinados para la transición al nuevo modelo de justicia laboral están protegidos y su presupuesto no puede modificarse, aseguró Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

“Esto forma parte de una de las prioridades del gobierno de México, por lo cual no hay ninguna afectación en temas presupuestales. Los ajustes que se han realizado son en temas de gasto corriente; aunque no lo crean todavía hay posibilidades, es más, ustedes mismos en el Senado lo saben bien, que todavía se pueden hacer ajustes en términos de austeridad sin trastocar lo esencial”, aseguró la funcionaria en comparecencia ante la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC del Senado.

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En ese sentido, Alcalde Luján resaltó que si bien la política de austeridad se basa en detenerse y reflexionar en qué es realmente lo necesario para que las dependencias de gobierno puedan operar, “eso de ninguna manera tiene que ver con la afectación al presupuesto para la reforma“, puntualizó.

En el último trimestre de este año se implementará la primera etapa de la reforma laboral en 8 estados del país. Para ello y la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los centros de conciliación locales y los tribunales laborales federales y locales la Cámara de Diputados asignó un presupuesto de 1,400 millones de pesos.

Nuestro país asumió compromisos laborales para la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los cuales quedaron plasmados en la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) del 2019.

Previo a su ratificación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los congresistas norteamericanos señalaron que México estaba destinando pocos recursos para la implementación de la reforma laboral. El primer presupuesto que planteó el gobierno mexicano era de 500 millones, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió ante el Congreso estadounidense a incrementarlo.

Durante su comparecencia ante senadores, Luisa María Alcalde aseguró que el T-MEC está alimentado en buena medida por los principios de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e implican saldar deudas históricas con la fuerza laboral de nuestro país. Por ello, cumplir con la Ley Federal del Trabajo y la reforma laboral del 2019 significa cumplir con el nuevo tratado comercial.

“Los más interesados en implementar esta reforma somos nosotros, es la Secretaría del Trabajo, que quede claro que hay un compromiso internacional, pero este es un tema que para el gobierno de México es una prioridad absoluta. La democratización del mundo del trabajo es una deuda histórica”, acotó la titular de la STPS.

Amplían plazos por pandemia

El Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia laboral ratificó la ampliación de los plazos para que los sindicatos modifiquen sus estatutos para garantizar la democracia plena, así como el arranque del nuevo modelo de justicia laboral en 8 estados en el mes de noviembre, no en octubre como se tenía estipulado inicialmente.

Al encabezar los trabajos del Consejo, Luisa María Alcalde expuso que en el proceso de implementación de la reforma se han presentado obstáculos, “además de encarar inercias arraigadas y resistencias de poderes creados, enfrentamos desafíos inéditos en un contexto de pandemia global. Pese a todo, hemos demostrado que sabemos adaptarnos, superarnos y cooperar en la búsqueda de soluciones”, expuso.

Como parte de los acuerdos que se tomaron, destacan nuevas reglas para la reanudación del plazo para adecuar estatutos sindicales. En ese sentido, y tras consultas con la Secretaría de Salud, se aprobó otorgar a los sindicatos 17 días hábiles y 45 días naturales para el cumplimiento relacionado con la adecuación de sus procedimientos de consulta para la aprobación de sus contratos colectivos, y para adecuar sus procesos de votación a las nuevas reglas de democracia sindical, contados a partir de la fecha en que la autoridad registral correspondiente reanude labores y el semáforo de la entidad se encuentre en color verde.

Asimismo, se acordó que la primera etapa de la nueva justicia laboral iniciara la segunda semana de noviembre, cinco semanas después de lo originalmente previsto, para que los estados puedan superar el impacto ocasionado por la epidemia de Covid-19 en sus procesos de licitación, ejecución de obra y capacitación de personal.

También se convino que los estados de Tlaxcala y Guanajuato se recalendarizan para el inicio de operaciones de las nuevas autoridades federales y locales para el último trimestre del 2021. Fase en la que ya se encuentran Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, y se invitó a Baja California Sur, Colima y Querétaro a sumarse a este grupo.

Dentro de los avances logrados hasta el momento, la Unidad de Enlace para la Reforma Laboral de la STPS reportó un progreso del 86% en la adecuación de estatutos de sindicatos activos con registro federal, mientras a nivel local sólo se tiene un 10 por ciento. Asimismo, 71,500 trabajadores han ejercido su voto personal, libre, directo y secreto para la legitimación de 168 contratos colectivos a través de 340 consultas.

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