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Aprobación de la reforma de outsourcing es inminente; empresas preparan ajustes

Aprobación de la reforma de outsourcing es inminente; empresas preparan ajustes
Los grandes corporativos han avanzado en la definición de planes estratégicos para hacer frente a la prohibición de la subcontratación laboral y esperan definiciones sobre los plazos de transición y el pago de utilidades.

La aprobación de la reforma de subcontratación del presidente Andrés Manuel López Obrador “es inminente”, señalan asesores legales empresariales. Lo que falta definir es el cómo y el cuándo, apunta el abogado Jorge Sales Boyoli. Pero coincide con Cesar Maillard en que será antes de las elecciones federales de junio.

Ante este hecho algunas empresas ya comienzan a prepararse para las nuevas disposiciones. Los grandes corporativos “ya tienen trazada una hoja de ruta sobre las transferencias de personal y otros ajustes. Sólo esperan qué escenario se materializará y, entonces, qué plan echarán a andar”, dice Jorge Sales, presidente del comité de Capital Humano del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)

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Para las micro y pequeñas empresas esta previsión es más difícil. “Están a la expectativa de cuál será el escenario final y, dependiendo de cuál sea, tendrán que moverse rápido, pues no tienen los recursos para hacer planeaciones. En este momento lo que están haciendo es tratar de sacar la cabeza del agua”, agrega.

“Tendrán que decidir a qué trabajadores se llevarán dentro de la nómina directa de la empresa, seguro habrá grandes recortes de personal”, dice César Maillard, presidente de la Comisión Laboral en la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin),

Ambos opinan que esta reforma podría cancelar puestos de trabajo, pues muchas empresas no podrán contratar directamente a las personas que estaban subcontratadas por otra razón social. Sin embargo, a diferencia de Maillard, quien supone un “despido masivo”, Jorge Sales vislumbra una pérdida menor, casi “marginal”.

Las personas subcontratadas son aproximadamente 4.5 millones, dice. Eso representa menos del 10% de la población económicamente activa (PEA). No todo ese universo correría riesgo, “la eliminación de la subcontratación no sería la causa” de un gran problema de desempleo, expresa.

Pero al suprimirla tampoco “se ataca a la enfermedad”. Este gobierno “se ha dado a la tarea de perseguir los esquemas evasivos de subcontratación, algo que no se había dado en otros. Eso sí es combatir la enfermedad”, detalló.

Semáforo outsourcing: el verde ideal

Especialistas del despacho Sales Boyoli analizaron los posibles escenarios respecto a esta iniciativa que propone eliminar la subcontratación de personas y permitir sólo la de servicios especializados. A modo de semáforo, en color verde, ubicaron las opciones del escenario más conveniente. En amarillo, uno intermedio y en el que todavía habría “polémica”. En rojo, “lo que no van a pasar”.

En color verde la firma colocó “la eliminación del outsourcing”. En ese mismo rango alto de posibilidades ubica a la ampliación para la entrada en vigor de esta reforma. También César Maillard, de la Concamín, considera que la iniciativa como la había propuesto el presidente López Obrador “vendrá tachoneada” en ese sentido.

La fecha para que las empresas adoptaran las nuevas reglas estaba planteado para enero de este año. Suponiendo que en diciembre se hubiera aprobado en el Congreso, como se intentó, le dejaba muy poco tiempo a las organizaciones. “El plazo que les darían sería de 3 a 6 meses”, sostiene Maillard.

Jorge Sales Boyoli también ubica en color verde el tope al pago de utilidades. “Podrían modificar la forma en la que se contabiliza, pero no se suprime”.

Por último, se cambiaría la palabra “autorización” por “permiso” en el registro de empresas especializadas. Se “suavizaría” ese permiso, pues si luego de 20 días de que la compañía envió su petición la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no le hace comentarios, se entendería como aprobada la solicitud.

Previsiones en amarillo y rojo

Uno de los escenarios que no tiene tantas posibilidades, pero tampoco es descartable, es que se permita la tercerización para trabajos temporales o de ciertas ramas. Po ejemplo, para ramas industriales como la manufactura y, especialmente, la automotriz, dice Jorge Sales.

El otro escenario en amarillo es que “no se prohíba lo que se conoce como share services o servicios compartidos, que son típicos en la industria maquiladora”.

Lo que está en rojo es “que se mande a la congeladora. Esto definitivamente no va a pasar, o que se retire la iniciativa y se quede todo donde estaba. No, sólo es un tema de cuándo y cómo”.

Para César Maillard quizá haya una pequeña posibilidad de que la reforma no se apruebe en los mismos términos en los que la presentó el Ejecutivo en noviembre de 2020 porque “hay mucha presión de empresas extranjeras, y también de las nacionales que no quieren esta reforma. Por ejemplo, Tesla quiso montarse en Jalisco, pero cuando vio todas las condiciones, mejor se fue a Texas”.

Los impuestos que se pagan en México son muy altos, afirma. “El seguro social cuesta 30% de la nómina, 5% va para Infonavit. Y por ser formal el gobierno te cobra el 3% de la nómina, más 30% de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 10% de Impuesto al Valor Agregado (IVA), y las utilidades, ¿para quién terminamos trabajando?”, cuestiona.

Antes de las elecciones, por si acaso

Cesar Maillard y Jorge Sales coinciden en que la reforma será aprobada antes de las elecciones del próximo 6 de junio. “La van a apresurar a finales de esta legislatura en la Cámara de Diputados y la dejará viva hasta la siguiente, para que la apruebe el Senado”.

Así si Morena, el partido del presidente, “pierde la mayoría, que no pasará, ya sólo tendría que aprobar la reforma las senadoras y los senadores”, pues esa Cámara no se renueva.

“Morena no necesita ir con otro partido para aprobar leyes secundarias como ésta”, apunta Jorge Sales Boyoli. “Todo indica que la van a aprobar antes del 6 de junio”, pues la plataforma electoral de este instituto político “no es el sector que se vería afectado por la eliminación del outsourcing. Aparentemente no tendría costo político electoral”.

De hecho, Sales Boyoli prevé que podría quedar lista para el 1 de mayo, Día del Trabajo. “A este gobierno le gustan mucho los simbolismos, quizá quiera presentar como un trofeo esta iniciativa”.

Otro motivo es que, mientras más rápido se apruebe, más pronto comenzará el plazo para su entrada en vigor. Finalmente, si se discutiera después de las elecciones y Morena no conserva la mayoría, “esta reforma se atoraría”, aunque las encuestas dicen que esto no sucederá, preferirían no correr riesgos, añade.

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