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Conapred y el dilema de la defensa de los derechos laborales, propios y ajenos

Conapred y el dilema de la defensa de los derechos laborales, propios y ajenos
La asamblea consultiva del organismo pidió respetar los derechos de los 106 trabajadores de la institución ante cualquier cambio que se pretenda implementar y presentó una lista de seis candidatas indígenas para encabezarlo.

Una de las cualidades del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) es su capacidad “para resolver cosas del día a día, que son altamente significativas para las personas”, como los problemas laborales. Por ejemplo, cuando una mujer sufre algún trato diferente en su trabajo por estar embarazada.

Ése es uno de los problemas que más atiende el Conapred, pues el mayor número de quejas presentadas por la ciudadanía es por discriminación laboral a mujeres embarazadas, señala en entrevista Elena Azaola Garrido, integrante de la La

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La académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) llama la atención sobre los derechos laborales de otras personas que también deben ser respetados: quienes laboran en el Conapred.

Hace unos días, ante una pregunta de la prensa acerca de si el Conapred debería desaparecer, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que sí. En su opinión, explicó, ese tipo de organismos “se crearon para simular que se combatía la discriminación, el racismo, la corrupción”.

Hasta ahora, el gobierno federal no ha precisado si en verdad disolverá el organismo. La controversia comenzó cuando el Consejo convocó a un foro sobre racismo y clasismo. Entre los invitados estaba Chumel Torres, un youtuber quien ha sido criticado varias veces por sus burlas a mujeres, personas morenas, pobres o de alguna otra población discriminada.

A pesar de que el evento fue cancelado, la titular, Mónica Maccise Duayhe, presentó su renuncia. En un comunicado, al dejar el cargo, resaltó que el organismo “no sólo debe existir, sino reforzarse”.

Si en verdad sucede lo que López Obrador expresó como una consideración, “106 personas, con familia, perderían su empleo”, indica Elena Azaola. Para la doctora en antropología, la política gubernamental de ahorro está bien, pero no se puede realizar sin un análisis previo.

“¿Ya se evaluó su trabajo, se vio si lo han desempeñado con honor, con entusiasmo, de manera honesta, apropiada? O simplemente se van a la calle y se tira a la basura” todo lo que han hecho, cuestiona.

En plena pandemia por Covid-19, en la cual muchas personas están perdiendo su empleo, es difícil “no tocarse el corazón para ver que él quiere desaparecer esto y aquello, y aquello. Y lanzar a más gente a la calle”.

La especialista en temas de infancia, juventud y personas privadas de su libertad subraya que en México hay leyes y hay que respetarlas. Para desaparecer una fuente de trabajo tendría que haber justificación y argumentos que lo sostengan, “desafortunadamente no es el caso”.

Al contrario, pondera, la misión del Conapred “es absolutamente compatible con el proyecto del Presidente. Él pugna por los pobres y por la igualdad, y esta organización es lo que busca, que a todos se les reconozcan sus derechos”.

Las candidatas

Por el momento, Pablo César Flores Mancilla será el encargado de despacho. Pero la Asamblea Consultiva de Conapred, un órgano ciudadano, envió una carta dirigida al presidente López Obrador en la que incluye una lista de seis mujeres indígenas que podrían relevar a Maccise.

La asamblea seleccionó a esas seis mujeres entre varias que fueron propuestas por 180 organizaciones. “El criterio de mujer indígena no automáticamente las capacita para estar al frente de un organismo” que trata la gran diversidad de discriminaciones, como la orientación sexual, las discapacidades, la religión o el género, apunta Elena Azaola.

El perfil que la asamblea ha solicitado al presidente para nombrar a la nueva titular es que sea una persona con “capacidad para negociar, de hacer pronunciamientos fuertes cuando se presentes casos graves de discriminación, que sea reconocida por su trayectoria y su honorabilidad”.

También se pide que tenga “experiencia en el diálogo público, pedagogía social e intervención en el debate cultural del país en favor de la igualdad, los derechos humanos y la no discriminación”.

Cabe recordar que las mujeres indígenas son de las poblaciones que más han padecido la discriminación estructural y sistemática, justamente por su género y su origen étnico. Esta situación les ha impedido a muchas desarrollar sus capacidades.

Las mujeres propuestas son:

  • Marcelina Bautista Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), líder del movimiento laboral de esa población.
  • Fátima Leonor Gamboa Estrella, abogada maya y lesbiana, experta en derechos de los pueblos indígenas y cooperación internacional por la Universidad Carlos III de Madrid.
  • Amaranta Gómez Regalado, indígena zapoteca y muxhe, coordinadora del Secretariado Internacional Regional para Pueblos Indígenas ante el VIH/SIDA, la Sexualidad y los Derechos Humanos (SIPIA).
  • Larisa Ortiz Quintero, indígena nahua, defensora e impulsora de los derechos de los pueblos indígenas. Es la titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.
  • Zenaida Pérez Gutiérrez, integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, coordinadora del Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.
  • María Sánchez Álvarez, indígena zoque, traductora oral, maestra en Defensa de los Derechos Humanos, ha acompañado procesos de lucha y organización en defensa de los sistemas de vida comunitaria, el derecho a las tierras y al territorio para las mujeres indígenas y rurales.
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